El Gobierno colombiano militariza a Buenaventura, la ciudad más violenta del país

Con una "intervención especial" de más de 700 uniformados, el Gobierno colombiano militarizó el puerto de Buenaventura, la ciudad con más altos índices de violencia en el país, escenario de decenas de asesinatos, descuartizamientos y desapariciones forzosas.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, acompañó el despliegue de tropas en su segunda visita en quince días a Buenaventura, en el ojo del huracán de la opinión pública desde que se descubrieron varias de las llamadas "casas de pique", sitios en los que presumiblemente de descuartiza a personas.

La militarización de algunas zonas, prevista desde hacía semanas por orden del presidente, Juan Manuel Santos, llegó el día después de que la ONG Human Rights Watch (HRW) presentara un informe en el que alertaba de que "barrios enteros de la ciudad se encuentran bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares".

Se trata de las bandas de "Los Urabeños" y "La Empresa", ambas herederas de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) e inmersas en una sangrienta guerra por control del territorio y del tráfico de armas y drogas en ese estratégico punto bañado por las aguas del océano Pacífico.

El titular de Defensa visitó este viernes esos barrios ubicados en el sector conocido como Bajamar, cuyas humildes viviendas de madera se erigen sobre palafitos que las protegen de la marea pero no del flagelo del narcotráfico.

"¡Por ahí no se puede!", gritaron unos niños cuando el ministro se adentró en una de las calles escoltado por decenas de hombres fuertemente armados y acompañado de varios periodistas, en referencia a una de las llamadas "fronteras invisibles" que trazan las bandas y que ponen en riesgo de morir a quien las atraviesa.

En lo corrido del año, más de medio centenar de personas han sido asesinadas por las bandas en esta ciudad, algunas de ellas descuartizadas.

Además, Buenaventura tiene los mayores índices de desapariciones forzadas de Colombia, con 153 casos entre 2010 y 2013 según datos oficiales, y de desplazamiento, con más de 13.000 personas que abandonaron sus hogares entre enero y octubre del pasado año, cifras que según HRW son mucho mayores.

Sobre la práctica de los descuartizamientos, Pinzón dijo este viernes que es uno de los principales objetivos a erradicar de la intervención de la fuerza pública en la ciudad, aunque agregó que "tiene que ver con una práctica cultural inaceptable e incomprensible".

En el recorrido, el ministro se dirigió a los ciudadanos para pedirles ayuda "para que dejen de ver muertos", a lo que los más intrépidos respondían con un escueto "empleo".

Cerca del 50 % de la población de Buenaventura está desempleada y el 80 % en estado de pobreza.

Una fuente de la comandancia policial de la ciudad reconoció a Efe que el incremento de la fuerza pública es "rechazado" por gran parte de la población y que además "no sirve" para erradicar la violencia.

"Lo que necesita Buenaventura es inversión social, que los jóvenes trabajen porque aquí no hay nada que hacer", agregó la fuente.

Pero la visita del ministro, que se presumía tensa y su inicio lo fue, terminó convertida en un baño de masas, rodeado de niños que correteaban alrededor sin importarles los uniformados con metralletas y la población agradecida por su proximidad.

En una cancha de fútbol improvisada en medio de una calle sin asfaltar, un joven se acercó al ministro, le alcanzó un balón y le dijo: "márquele un gol a la violencia", mientras unas mujeres reclamaban la construcción de un campo deportivo de verdad.

La comitiva abandonó el sector de Bajamar después del anochecer del viernes, una hora vetada normalmente para cualquiera que no sea de la confianza o conocimiento de los miembros de las bandas que controlan estos barrios.

Con los 700 policías, soldados e infantes de marina que entraron este viernes a Buenaventura, el pie de fuerza en esa ciudad de medio millón de habitantes, el mayor puerto del Pacífico colombiano, asciende a unos 2.400 miembros de la fuerza pública, según el ministro. Albert Traver. EFE