Buenaventura un desafío para la ley de víctimas del conflicto colombiano

Buenaventura, que tiene cerca de medio millón de habitantes, está azotada por la violencia de bandas criminales como Los Urabeños y La Empresa, herederas de los grupos paramilitares, que se disputan ese estratégico puerto para controlar el tráfico de armas y de drogas, lo que obligó al Gobierno a ordenar un intervención militar.

Gaviria dijo a Efe que en Buenaventura la Unidad de Víctimas "viene monitoreando los riesgos, brindando ayuda humanitaria, facilitando refugios temporales y avanzando, cuando se puede, en procesos de reparación y en atención a mujeres".

Según la funcionaria, en esta ciudad "ha habido una presencia importante de los organismos de seguridad del Estado", pero "el tema es que Buenaventura tiene que ver con todos y tiene que ser un compromiso de las autoridades locales" y de la ciudadanía que "empieza a movilizarse" contra la violencia.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en julio de 2011 y en vigor desde enero de 2012, reconoce y compensa a las víctimas y a sus familias con medidas administrativas, sociales, judiciales y económicas, individuales y colectivas.

Considera víctimas a todas aquellas personas ajenas a un grupo armado ilegal que desde el 1 de enero de 1985 hayan sido objeto de masacres, secuestro, desaparición forzada, tortura, delitos sexuales, minas antipersonales, reclutamiento infantil o adulto, desplazamiento y despojo forzado de tierras.

Buenaventura, situada en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), es la zona del país con mayor número de personas desplazadas en los últimos tres años, con un total de 13.468 en 2013, según un informe presentado la semana pasada por la ONG Human Rights Watch.

El caso de Buenaventura fue tratado hoy durante la presentación del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, que se celebrará el próximo 3 de abril y se prolongará hasta el 20 de ese mes con un serie de actividades académicas, culturales y coloquios.

En el panel participaron el director del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, y el secretario del comité ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra.

Para Guerra, el hecho de hablar de víctimas en medio del conflicto "no deja de ser atemorizante en algunos momentos", pues "las medidas de protección por parte del Estado no son las mejores".

Por su parte, Sánchez afirmó que "lo más significativo es que este acto (de solidaridad) se cruza con las aspiraciones de este país", en referencia a las negociaciones entre el Gobierno y el grupo guerrillero FARC para poner fin a medio siglo de conflicto armado.

"El pulso con el cual está palpitando Colombia en este momento es que el tema de la memoria, el tema de la reparación, apunte a ese horizonte soñado, aplazado y diferido en este país que es el de la paz", afirmó Sánchez. EFE