El actor Juan Pablo Posada y el escándalo de máquina tapahuecos

La Fiscalía les imputará cargos al reconocido actor Juan Pablo Posada y a María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora general de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV) por el polémico contrato de la máquina tapahuecos.

La decisión también afecta al gerente de la firma Green Patcher Colombia SAS, el mexicano Antonio Fernández, quien junto con Posada y Gómez tendrán que responder por los delitos de incumplimiento en requisitos de contratos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

En el último día de 2013 el alcalde Gustavo Petro anunció que el Distrito emplearía una nueva tecnología para tapar 220.000 huecos en ocho meses. El contrato fue firmado por la Unidad de Mantenimiento Vial con Green Patcher Colombia por $11.800 millones, para usar la técnica de vehículos que inyectan una mezcla fría de asfalto en los famosos huecos ‘romperrines’ y que estuvieran listos en unos 15 minutos.

Pero desde un principio el contrato fue cuestionado. El primero en hacer denuncias sobre éste fue el concejal Jairo Cardozo del Movimiento MIRA que dijo en enero de 2014 que el contrato por $11.800 millones se había puesto en manos de una “empresa de papel” y “sin ninguna experiencia en el área de obras civiles, para realizar el parcheo de las vías en mal estado de la capital mediante la aplicación de la tecnología por inyección a presión neumática”.

El polémico valor del contrato de la maquina ‘tapahuecos’  es de 11.822 millones de pesos. Este acuerdo, adjudicado a una compañía de poca experiencia en el sector, fue un contrato netamente de transferencia tecnológica. Sin embargo, lo correcto en este caso, según la Fiscalía, era abrir una licitación pública.