Juez ayudó a profesores a ganar millonaria demanda ante el Estado

En una historia de no creer, 800 profesores demandaron al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad adscrita al Estado, por el presunto retraso del pago de cesantías.

La multimillonaria demanda, que fue presentada en 2011 por parte de estos educadores terminaría este año revelando un caso de corrupción donde un juez de Buenaventura, Valle del Cauca, sería el principal implicado en el delito. 

Según la Fiscalía General de la Nación, Wilson Escarria Camacho, un exjuez laboral del municipio vallecaucano, habría fallado de manera irregular siete procesos en favor de este grupo de profesores que reclamaba el pago de los dineros que, supuestamente, les debía reconocer el empleador por retrasos en la consignación de sus cesantías.

De igual manera, el ente acusador aseguró que Escarria Camacho, debió rechazar las pretensiones porque los docentes no anexaron el título ejecutivo que daba cuenta del posible incumplimiento por parte del empleador. 

Adicionalmente, la Fiscalía constató que este juez asumió el estudio de hechos prescritos, y notificó sus decisiones a la Alcaldía de Buenaventura y no al fondo demandado.

Eduardo Calderón, fiscal especializado contra la corrupción, aseguró que el exjuez Escarria, habría fijado para los docentes más de 11 mil millones de pesos, de los cuales habría salido el pago de los honorarios de los abogados. 

“Quedó en evidencia que fijó pagos para los docentes, más honorarios para los abogados que los representaron; y dispuso el embargo de cuentas bancarias que administraban recursos públicos para garantizar el desembolso de 11.281 millones de pesos para los profesores”.

Con todo el material probatorio que esta en manos de la fiscalía, esta entidad acusó formalmente al exjuez por su accionar en este supuesto caso de corrupción que terminó beneficiando a 800 profesores. 

“Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó al exjuez Escarria Camacho siete eventos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y 21 casos de prevaricato por acción. La etapa de juicio se realizará a instancia del Tribunal Superior de Bogotá”, explicó la Fiscalí.

En los próximos días el ente acusador dará a conocer todas las evidencias de este caso donde Escarria, habría aprovechado su rol como juez para beneficiar a los maestros en esta disputa con el Estado.