Familiares de víctimas del Palacio de Justicia piden a Santos rectificación

Asi mismo advirtieron de que Santos se extralimitó al considerar injusta la sentencia proferida el pasado viernes por la jueza María Cristina Trejos.

Arias fue considerado "autor responsable del punible de desaparición forzada agravada", cargo por el que también se condenó el año pasado a 25 años de prisión al coronel retirado Alfonso Plazas por los mismos hechos.

Ambos fueron declarados responsables de doce casos de desaparición en la retoma del Palacio de Justicia, ocupado el 6 de noviembre de 1985 por guerrilleros del ya disuelto M-19.

La acción rebelde terminó al día siguiente con un centenar de muertos, entre ellos diez magistrados y los insurgentes, así como con la desaparición de los siete empleados de la cafetería, cuatro visitantes y una guerrillera, y la edificación arrasada por armas pesadas y un incendio.

El sábado, Santos declaró que la decisión judicial le dejaba un sabor amargo por cuanto el general Arias "le entregó toda su vida a la defensa de la patria".

"Aquí hay injusticias", apuntó el gobernante.

En una carta al presidente divulgada hoy durante un encuentro con la prensa, los familiares de los desaparecidos le pidieron a Santos que tiene el deber de "honrar su palabra, acatar las decisiones de los jueces de la República y velar para que su cumplimiento se haga efectivo".

Recordaron que el pasado noviembre, en los actos conmemorativos del 25 aniversario de los trágicos hechos, Santos se comprometió a rescatar la verdad y a acompañar a los familiares en esa búsqueda.

Por ello le solicitaron "una rectificación pública de sus declaraciones".

La misiva está firmada por los familiares de las doce víctimas, entre ellos Jorge Franco Pineda, hermano de la rebelde del M-19 Irma Franco, quien afirmó que esos militares "cogieron a unos detenidos, los llevaron a una guarnición, los torturaron, los mataron y los desaparecieron".

A su turno, Alejandra Rodríguez, hija del entonces administrador de la cafetería Carlos Rodríguez, manifestó: "los únicos que pudieron desaparecer a nuestros familiares fueron los militares porque todos los guerrilleros murieron".

El director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, resaltó "la labor del poder judicial para luchar contra la impunidad que aun rodea estos hechos", así como por sus "esfuerzos para conocer y rescatar la verdad".

Pero también expresó su preocupación "por el alto grado de impunidad que rodea el crimen de desaparición forzada" en Colombia, delito del que la Fiscalía General investiga más de 27.000 casos. EFE