El Consejo de Estado anula el decreto de aborto

El gobierno reglamentó la prestación de los servicios de salud para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, en los tres casos que definió la Corte Constitucional. 

El Consejo de Estado anuló esa norma, porque en su criterio fue expedida ilegalmente y fijaba asuntos sobre una sentencia sin que existiera una ley al respecto.

El decreto 4444 de 2006, reguló la objeción de consciencia de los médicos, y estableció directrices para las EPS, los municipios, los hospitales, entre otras autoridades, sobre la forma de atender a las mujeres que soliciten detener el periodo de gestación.

Este decreto reglamentó la sentencia C355 de 2006 de la Corte Constitucional, por medio de la cual reglamento la práctica del aborto en tres casos específicos.

Para el alto tribunal la expedición del decreto por parte del presidente de la República, desbordó sus competencias, pues debió estar presidido por una Ley que lo reglamentara.

Con esta decisión el Gobierno y el Consejo Nacional de Seguridad Social tendrán que reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo, a través de otros mecanismos.

De igual manera las autoridades de salud deberán dictar medidas, reglamentar o definir las políticas de salud en relación con el tema, siempre y cuando se acaten los parámetros establecidos en materia de reglamentación legal.

El Consejo de Estado aseguró que los puntos contenidos en la norma, pueden ser presentados nuevamente al Congreso de la República, siempre y cuando respeten los lineamientos que estableció la Corte Constitucional en la despenazalización del aborto.