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DERECHO DE GINEBRA- PROTOCOLO I

"Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales contienen normas que deben ser aplicadas antes, durante y después de los conflictos armados" (Derecho Internacional Humanitario: Manual Básico de Personerías y Fuerzas Armadas de Colombia).

En 1977 y después de casi tres años de deliberación entre los países miembros, 102 Estados aprueban los 102 artículos que conforman el Protocolo I y son relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Todo con el fin de evitarle a la población civil grandes sufrimientos y dramas como los que se registraron en la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los puntos a destacar en el Protocolo I (relativo a los conflictos internacionales) es la protección que le brida a las personas y a los bienes civiles en los combates, teniendo en cuenta que antes de la existencia de los Protocolos la protección de la sociedad sólo se hacía ante los abusos de poder de la autoridad enemiga.

En éste queda prohibido el ataque a la población y a los bienes civiles, pues éstos pueden ir dirigidos sólo hacia objetivos militares, entendiendo como objetivo militar aquellos lugares que puedan representar una ventaja para el enemigo.

Se declaran protegidos los bienes indispensables para la supervivencia como lo son las zonas agrícolas, ganado, reservas de agua potable, cosechas, obras de riego. También las instalaciones consideradas como fuerzas peligrosas tales como centrales eléctricas y nucleares, diques, embalses. Otras como los bienes culturales y los lugares de culto son incluidas. Dicho Protocolo establece que las operaciones militares deben conducirse de modo que el medio ambiente natural esté protegido contra daños duraderos, extensos y graves.

Para facilitar la identificación de tales lugares, la conferencia adoptó un signo de protección internacional: tres círculos de color anaranjado vivo.

Trato debido a las personas en poder de una parte en conflicto

Se amplía y refuerza la situación de las personas en poder de una de las partes del conflicto que contempla los Convenios III y IV. En ella se incluyen actos prohibidos como asesinato, tortura, castigos corporales, mutilaciones, atentados contra la dignidad humana, toma de rehenes, castigos colectivos y la amenaza de cometer tales actos. En el caso de las mujeres y los niños hay una protección especial y se puntualiza en que para dichas personas se evitará la pena de muerte.

También se le garantiza una mejor protección a los periodistas en misión peligrosa. Con este Protocolo, podrán obtener de sus autoridades y de las del territorio en que trabajan, una tarjeta especial de identidad en la que conste que tiene derecho a ser tratado como una persona civil, en el sentido que tienen los Convenios de Ginebra.

Otro tipo de personas a las que se les amplía la protección es a las unidades sanitarias de salud, al personal religioso y a la misión médica; en ésta última se prohíbe utilizar personas como proveedoras de carne humana, realizar experimentos seudo-médicos o extraer sin justificación algunos órganos para transplantes.

TRANSPORTE SANITARIO

Garantizarle al transporte sanitarios civiles una protección igual a la del transporte sanitarios militares, no sólo su desempeño en tierra, sino de forma aérea, modalidad que debido a la falta de protección jurídica y por el mismo desarrollo de los medios de defensa antiaérea había sido inmovilizada hacía decenios.

En los artículos del Protocolo I que tratan este punto, estipulan las normas de navegación aérea que deben observar las misiones sanitarias; entre ellas está la señalización de los de dichas naves. Por ejemplo, en tiempo de guerra deben contar con radar secundario y señal de radio de uso exclusivo para medios de transporte sanitarios terrestres, marítimos y aéreos. Actualmente estas normas son indispensables teniendo en cuenta de los avances en materia de ataques permiten alcanzar los blancos sin que sea detectado previamente.

Por esta razón, una subcomisión técnica celebró dos sesiones durante dos periodos de la Conferencia Diplomática en donde se elaboraron normas más precisas en materia de señalización. Se llegó a la conclusión de que todos los medios de transporte sanitario cuando haya tiempo de guerra, deben contar con una señal óptica para las ambulancias civiles y militares (luz azul con destellos). Asimismo, tendrán una señal de radio precedida por una sintonía de prioridad y una señal de radar secundario para los marítimos y aéreos.

En otras disposiciones, al hablar de las personas desaparecidas y fallecidas, el Protocolo I facilita la búsqueda, identificación en caso de muerte, protección, conservación de las sepulturas, exhumación o repatriación de los restos de personas que han perdido la vida.

ARMAS NO CONVENCIONALES

El interés de los expertos en materia de armamento y de la necesidad de una regulación con el fin de proteger a la sociedad civil de los efectos de las hostilidades, llevó al Comité Internacional de la Cruz Roja s realizar dos reuniones entre expertos militares y médicos en los años 1974 y 1976 que permitió la creación de una lista de armas que debían estudiarse. Sin embargo, fue la Organización de las Naciones Unidas la que convocó en 1979 y 1980 una conferencia que dejó como resultado la aprobación de una convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de las armas.

En el documento se restringe el uso de las armas cuyos fragmentos no son localizables en el cuerpo humano e impide la curación de las heridas; también se encuentran las minas, las trampas, entre otros dispositivos; y las armas incendiarias.

PRISIONEROS DE GUERRA

La definición de "prisionero de guerra" está presente en el III convenio de Ginebra, pero es en el Protocolo I en donde se profundiza, además de delimitar el término.

Anteriormente se consideraba un prisionero de guerra a los miembros de las fuerzas armadas regulares y los partisanos pertenecientes a una parte del conflicto.
Actualmente el término incluye a los miembros de las fuerzas armadas a las unidades y grupos armados que estén bajo un mando responsable, loa guerrilleros sin uniforme, así no porten identidad reconocible.

Las fuerzas armadas deben distinguirse de la población civil, al menos portando armas cuando se encuentre en el lugar del combate. El no cumplimiento de esta norma puede privar a la persona del estatuto de prisionero de guerra.

Un caso particular es el de los espías y mercenarios, quienes no tienen el derecho a considerarse como prisionero de guerra; sin embargo, se beneficia de algunas garantías mínimas de trato humano.

Según este Protocolo, los Estados partícipes en el conflicto deben de todas las formas dar a conocer el Derecho Internacional Humanitario. En caso de guerra, el CICR debe tener todas las facilidades para asumir las tareas contenidas en los convenios de Ginebra y el Protocolo I.

Las infracciones contra éstos es objeto de varias disposiciones, que incluyen una lista de infracciones graves consideradas crímenes de guerra. Se considera que los superiores son los responsables de las violaciones que cometan los subordinados. Por último se prevé una colaboración judicial, en materia penal entre las partes contratantes.

Cuando sea necesario se iniciaran investigaciones sobre los hechos, en donde no sólo pueden intervenir las partes partícipes del conflicto, sino una comisión internacional integrada por 15 miembros, quienes investigarán las infracciones cometidas

El DIH: La ley en el conflicto armado
Ángel Guzmán García trabaja como director de protección en la seccional Cundinamarca y Bogotá de la Cruz Roja Colombiana. Colombia.com habló con él acerca del Derecho Internacional Humanitario, DIH, y su situación en el conflicto armado que vive Colombia....
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