LOS CASOS DEL 2002

Coronel Edgar Bejarano y Royne Chávez

Una preocupante situación en materia de corrupción, los líos de la Policía Nacional por los presuntos malos manejos de sus recursos, las investigaciones por irregularidades en la elección del nuevo congreso, el "carrusel" y las presuntas extorsiones de concejales distritales, los casos como el del cantante vallenato Diomedes Díaz y del confeso narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela son sólo algunos de los casos que más resonancia tuvieron en el 2002 y en algunos de ellos, muestras de lo coja que es la justicia colombiana.

Entre los países latinoamericanos, Colombia no podía escaparse del flagelo de la corrupción. Según la Primera Gran Encuesta Nacional de Corrupción y Desempeño Institucional elaborada por el Banco Mundial y dada a conocer en el mes de marzo de 2002, el país pierde anualmente unos 5 billones de pesos como consecuencia de este fenómeno.

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A este complicado panorama se sumó el resultado del primer estudio hecho a las Entidades Públicas y a los poderes del Estado, que demostró que de 88 entidades estatales, sólo una alcanzó el nivel óptimo en el tema de corrupción.

• Por corrupción Colombia pierde más de 5 billones de pesos anuales

En corrupción varios fueron los casos que ocuparon las primeras planas de los diarios, uno de ellos, surgió el mes de mayo cuando el Gobierno de los Estados Unidos denunció irregularidades en el manejo de dos millones de dólares entregados dentro del Plan Colombia, a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

El escándalo para esta entidad salpicó no sólo a oficiales, sub oficiales y agentes, sino al coronel Edgar Guillermo Bejarano Chávez, ex secretario privado del director de la Policía Nacional de ese entonces (general Luis Ernesto Gilibert), acusado además, por tener vínculos con la guerrilla de las Farc.

Dichas denuncias del Gobierno estadounidense provocó la expulsión de 20 activos de la Policía y la renuncia del director de Antinarcóticos, general Gustavo Socha Salamanca.

Tres meses después y "ad portas" del nombramiento de su sucesor, el director de la Policía Nacional en ese entonces, el general Gilibert presentó su renuncia al Presidente Uribe Vélez, quien la aceptó y delegó en ese cargo al general Teodoro Ocampo.

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Fraude electoral

También se vio afectado el jefe de seguridad de esa época del Presidente Pastrana, el coronel Royne Chávez García, por presuntas irregularidades en la construcción de un edificio de 10 mil millones de pesos en Bogotá. Sobre el ex oficial (pues nuevo director de la Policía pidió su baja) existe una investigación por tener participación en el desvío de la ayuda antinarcóticos.

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Fraude electoral

No pasó un mes desde las elecciones del nuevo congreso (10 de marzo), cuando se hicieron públicas las denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación sobre la presencia de un fraude electoral, pues sorpresivamente algunos congresistas que no conseguían curul, lograron colarse finalmente con dudosos resultados en sus votaciones.

Dichas denuncias fueron confirmadas por la Fiscalía, ente que dictó medidas de aseguramiento en contra de registradores de diversas regiones del país.

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Polémico Concejo Distrital

Si en el Congreso llovía, por el Concejo de Bogotá no escampaba. Dos hechos llamaron la atención del interés público en el 2002. El primero surgió la segunda semana de junio cuando el concejal Carlos Alberto Baena denunció la asistencia simultánea de algunos cabildantes a comisiones, más conocida como la técnica del "carrusel".

• La técnica del Carrusel

El segundo escándalo se conoció el 8 de diciembre, cuando las autoridades capturaron a los concejales Lilia Camelo, William Cubides y Judy Consuelo Pinzón en flagrancia con una maleta con 100 millones de pesos, al parecer un adelanto de una presunta extorsión a un grupo de vendedores ambulantes, con el fin de que no fuera aprobado el artículo del Código de Policía que los prohíbe. Los cabildantes habrían exigido la suma de 400 millones de pesos.

• Recaptura contra concejales

Diomedes Diaz

La justicia cojea pero...

Dos importantes casos jurídicos que sorprendieron, incluso, hasta la comunidad internacional fueron los del confeso jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, quien salió libre a los 7 de los 15 años que tenía de condena, y la rebaja en la pena de 150 a 37 meses, del cantante Diomedes Díaz, quien fue acusado por haber participado en el asesinato de la joven Doris Adriana Niño (caso del que ya fue absuelto) y del que ahora sólo tiene que pagar diez mil pesos de multa.

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• Modificada sentencia de Diomedes Díaz a 37 meses

La libertad de uno de los hermanos Orejuela se logró el 7 de noviembre, pese a los esfuerzos del Gobierno para evitar su excarcelación. Las leyes colombianas permitieron que "el ajedrecista" quedara sin deuda con la justicia colombiana.

• Libre Gilberto Rodríguez Orejuela

Gilberto Rodríguez Orejuela

En la misma línea del narcotráfico, las entidades de control pusieron sus ojos en la extinción de dominio a los bienes pertenecientes a narcotraficantes. Por ello, en el mes de julio, los titulares de dichas corporaciones vieron la necesidad de reforzar la extinción de dominio en el país, puntualmente en la modificación de la ley 30 o crear una nueva ley, con el fin de que los bienes incautados no sean devueltos a los narcotraficantes.

Dos meses después, el ministro del Interior, Fernando Londoño, corroboró dicha manifestación al anunciar que el Estado no tiene conocimiento de cuántas propiedades tiene en su poder. Muestra de ello, es que después de 10 años de desaparecidos los "capos" del narcotráfico, el Estado no ha podido incautar los bienes a sus herederos.

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• Estado no sabe cuántos bienes ha incautado

Otro tema tomó importancia en el mes de noviembre, cuando después de una largo debate, la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez suspendió la compra de 24 aviones para la Fuerza Aérea Colombiana, FAC. El tema se tornó polémico cuando se evidenció que en el mencionado negocio habían presuntos intereses, intermediarios y comisiones.

• Suspendida la compra de 24 aviones militares para la FAC

El caso Foncolpuertos, conocido como uno de los fraudes más grandes hechos al país no dejó de ser protagonista en el 2002. Tan grande es su perjuicio que el nuevo Gobierno determinó realizar una "cruzada integral" para enfrentarlo. Por este robo el Estado ha perdido cerca de 3 billones de pesos pagados en pensiones y 600 mil en sentencias. Además, corre el riesgo de perder otros 1.5 billones por demandas en su contra.

• Cruzada integral contra el fraude más grande de Colombia

Martha Catalina Daniels

Entre otros casos relevantes que aún se encuentran en desarrollo son el del asesinato de la senadora Marta Catalina Daniels, ocurrido el 2 de marzo de este año en jurisdicción de Zipaquirá (Cundinamarca). Entre los implicados se encuentra su hermana Sandra Lucrecia Daniels.

• Nuevas pruebas sobre la muerte de Marta Catalina Daniels
• Acusada Sandra Lucrecia Daniels por asesinato de su hermana

Por su parte, de índole internacional se tornó este año la situación jurídica de los tres irlandeses capturados por impartir presuntamente adiestramiento en manejo de explosivos a miembros de la guerrilla de las Farc. Veedores internacionales que defienden a los extranjeros hacen presencia permanente en el juicio que se les adelanta para establecer su responsabilidad.

• Aplazado juicio de irlandeses acusados por entrenar miembros de las Farc