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Derechos
Humanos
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| Andrés
Pastrana en Iglesia de Bojayá |
El
tema de derechos humanos en Colombia en el 2002 estuvo
enmarcado por las constantes calificaciones (no muy
favorables) por parte de organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales y de prestigio internacional que
a lo largo del año manifestaron su preocupación
por la continua violación de los derechos humanos
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El
2002 inició para Colombia con un notable incremento
en atentados terroristas, el primero de ellos y uno
de los que más han causado conmoción,
fue la explosión de una bicicleta bomba en el
barrio Fátima al sur de Bogotá, donde
tres personas perdieron la vida, entre ellas una menor
de edad. Este hecho sólo fue el inicio de una
cadena de atentados en todo el año en el país,
principalmente en Bogotá.
En
ese mismo mes de enero, el siguiente objetivo fue el
embalse de Chingaza; en donde presuntos subversivos
colocaron explosivos en la válvula
mariposa en la presa Golillas, que de haberse destruido
completamente habría causado inundaciones en
Villavicencio (Meta). Estos hechos motivaron al Alcalde
mayor de Bogotá, Antanas Mockus a entablar una
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación,
e internacionalmente, a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y Entidades no Gubernamentales.
•
Mockus viajó a E.U para denunciar a las Farc
Bojayá
y su tragedia
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| Bojayá |
Pero,
sin lugar a dudas uno de los casos que más generó
el rechazo nacional e internacional fue la masacre en
Bojayá (Chocó) el 2 de mayo de este año;
una de las peores en la historia de Colombia. Allí
en este lugar chocoano, la disputa entre guerrilleros
de las Farc y paramilitares por las ventajas que ofrece
el río Atrato para la comercialización
ilegal de armas y de droga, cobró la vida de
118 personas entre ellas 45 niños, y heridas
e imborrables huellas físicas y psicológicas
a otras 140, luego de que un cilindro bomba fuera lanzado
a la Iglesia del lugar donde se refugiaban cerca de
300 civiles.
Tras
la masacre, los ojos de la comunidad internacional se
posaron sobre Colombia y los estudios no se hicieron
esperar. Uno de ellos, fue el polémico informe
realizado por una comisión de la ONU que analizó
la situación en la zona del Medio Atrato.
El
informe cayó como un baldado de agua fría,
en especial para el Estado: la ONU responsabilizó
el hecho a las Farc, Autodefensas
y al mismos Estado, pues éste último no
cumplió con su deber de garantizar y proteger
a la población, mucho más, cuando varios
sectores advirtieron del riesgo de un ataque en este
lugar.
Dicha
posición se conjugaría con las declaraciones
de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos,
Mary Robinson, quien aseguró un mes antes de
la tragedia (en el mes de abril), que el Gobierno colombiano
es débil e inconsistente en la lucha para controlar
la violencia.
• Farc, Autodefensas y Estado: responsables
Además
de los ataques indiscriminados contra la población
por parte de los grupos al margen de la ley, otra de
las infracciones al DIH y tema de debate entre sectores
políticos, estatales y sociales ha sido el secuestro.
Según las cifras de la Fundación País
Libre, hasta octubre de 2002 en Colombia se realizaron
2.492 secuestrados. Además de civiles se encuentran
políticos, miembros de la Fuerza Pública
y funcionarios del Estado.
Canje
e Intercambio Humanitario
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| Gobernador
de Antioquia Guillermo Gaviria secuestrado |
Fuera
de lograr beneficios económicos para las organizaciones
guerrilleras, los cautivos también son objeto
de sus estrategias militares. Una de
ellas, y tal vez la más importante, se ratificó
la noche del 5 de julio cuando a través de los
medios televisivos fue difundida la primera prueba de
supervivencia de los denominados "objetos del canje".
Esa
noche, los colombianos conocieron
que las Farc consideran como sujetos de canje al ex
ministro Fernando Araujo, al gobernador de Antioquia,
Guillermo Gaviria; al asesor de Paz de Antioquia, Gilberto
Echeverri; al representante a la Cámara por Caldas,
Oscar Tulio Lizcano y varios oficiales y sub oficiales
secuestrados por este grupo rebelde.
Aunque
no fueron mencionados en el video,
dentro de este grupo también hacen parte la ex
candidata presidencial Ingrid Betancourt, (secuestrada
el 23 de febrero de este año), el senador Jorge
Eduardo Gechem Turbay (secuestrado el 20 de febrero
y motivo de la ruptura del proceso de paz) y los 12
diputados del Valle del Cauca plagiados el 12 de abril.
•
Funcionarios secuestrados son sujetos de canje
•
Procuraduría investiga caso de Ingrid Betancourt
•
Secuestro masivo a diputados del Valle del Cauca
•
Retenidos por las Farc gobernador y comisionado de paz
en Antioquia
•
Biografía Ingrid Betancourt
La
insistencia de las Farc de realizar
un canje entre algunos secuestrados con guerrilleros
presos ha generado polémica y reacciones en todos
los sectores. Los cierto, es que mientras organizaciones
no gubernamentales y los familiares de los secuestrados
claman por esta salida, el nuevo Gobierno ha sido enfático
en decir que no.
•
Intercambio humanitario es inviable: Mininterior
•
Revive el tema del intercambio humanitario
•
Propuesta indecente
El
Estado en la mira
Pero
así como los grupos al margen de la ley han sido
los responsables de la mayoría de las violaciones
e infracciones contra los derechos humanos y el DIH
en el país, los miembros del Estado, tampoco
se ha escapado de ello.
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| Prueba
de supervivencia de Ingrid Betancourt |
El
8 de noviembre de este año
en su informe anual en derechos humanos, la Human Rights
Watch hizo fuertes críticas contra la Fiscalía
General de la Nación, en especial hacia el Fiscal
General, Luis Camilo Osorio.
La
Human Rights afirmó que el
Fiscal General "debilita investigaciones de derechos
humanos" y que la entidad que preside no ha hecho
progresos en investigaciones críticas en materia
de derechos humanos. Ante tal afirmación Luis
Camilo Osorio se defendió y presentó un
informe de los resultados obtenidos en este tema durante
su tiempo como Fiscal General.
•
Human Rights hace fuertes críticas al Fiscal
General
Human
Rights dijo, además, la existencia de tolerancia
hacia los grupos de extrema izquierda (paramilitares)
al interior del ente acusador. Aún así,
en el 2002 éste no fue el único pronunciamiento
sobre el tema proveniente de una organización
internacional.
Luego
de la masacre de Bojayá, en el informe que la
ONU presentó después de un estudio en
la zona, uno de los planteamientos del documentos decía
que miembros de los grupos paramilitares habían
sostenido encuentros con integrantes de las Fuerzas
Militares del lugar.
•
Destituidos oficial y suboficial por masacre en Ituango
•
Destituidos 30 militares por violación de derechos
humanos
Aún
así, las Fuerzas Militares de Colombia recibieron
en el mes de mayo la certificación en materia
de derechos humanos otorgada por Estados Unidos. La
decisión fue criticada por organizaciones de
defensa que no la vieron con buenos ojos.
Sin
embargo, el 2002 para los militares representó
un notable aumento en personal capacitado. Las primeras
semanas de diciembre el Ejército Nacional informó
que en este año se han capacitado 1.946 oficiales,
7.067 sub oficiales, 20.766 soldados, 3.295 civiles
al servicio de la institución y 6.241 particulares.
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Certificada Colombia en materia de DDHH
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Mindefensa revela cifra de violaciones a derechos humanos
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