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Marzo 04 de 2003
 
 
 
LOS CAMBIOS CON EL NUEVO SISTEMA
De cada tres funcionarios en la Fiscalía dos son administrativos, solo uno investigador.
Foto www.colombia.com

Como trascendental para la historia del país podría calificarse la implantación del sistema acusatorio en Colombia, en el que tanto el sector jurídico como el educativo, político y social tendrán no sólo cambios en sus procedimientos, sino en su aspecto cultural.

Históricamente Colombia se ha mantenido apegado al proceso escrito, por ello, el pasar a un sistema acusatorio, en donde prima la oralidad requiere de un cambio cultural radical no sólo para los jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales, sino para las cátedras de derecho y la ciudadanía en general.

"Hay que reconocer que se necesitaría un cambio de cultura, porque sería cambiar unos hábitos comenzando por los estudiantes, que son los que van a heredar esa reforma y pasando por los abogados que tienen experiencia", expresó para Colombia.com Jaime Granados, profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de los Andes, y miembro de la Comisión Constitucional Redactora de la Reforma al Sistema Penal.

Cambiar a un sistema oral exige un proceso de capacitación, que lleve al funcionario a un cambio de mentalidad para asumir el nuevo rol que el sistema le impone.

Nuevos códigos

El sistema penal colombiano tiene 200 años de retraso. - Foto www.colombia.com

El cambio más trascendental con el nuevo sistema que debe comenzar a funcionar desde 2005 y estar plenamente adoptado en todo el país en el 2008, es el cambio del Código de Procedimiento Penal, modificación a los códigos penales y penitenciarios, la Ley Estatutaria de Justicia y de Hábeas Corpus, y los estatutos de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría Pública.

Para estos cambios, actualmente la Comisión Constitucional Redactora (CCR) realiza los proyectos necesarios para este cambio, que serán presentados el 20 de julio al Congreso de la República.

La reforma constitucional, se convierte en la oportunidad para nuevas y verdaderas políticas criminales de Estado, con las herramientas suficientes para la lucha contra la criminalidad y el delito menor.

Infraestructura

El endurecimiento de las penas será una de las prioridades. - Foto www.colombia.com

Cambiarle el "disco duro" al sistema judicial en el país, va a exigir la implantación y el esfuerzo de la arquitectura judicial.

"En infraestructura se van a requerir nuevas y más salas de audiencia, equipos con tecnología de punta, entre otros cambios. Eso toma su tiempo e involucra unos recursos que a corto plazo no tenemos, por eso es prudente pensar hacia el 2005", agregó el abogado académico Jaime Granados.

Teniendo en cuenta el número de casos que se manejan sólo en la ciudad de Bogotá, se necesitarían cerca de 100 salas de audiencia, y actualmente existen diez.

La idea es que cada sala cuente con los elementos técnicos suficientes, en donde la voz pueda ser capturada por un medio magnético, en donde se puedan mostrar documentos y exhibir pruebas que puedan manejarse mediante audiovideo e incluso, para aquellos casos que comprometa el crimen organizado y los testigos estén fuera del país, puedan hacer presencia en la audiencia mediante teleconferencia.

"Por ejemplo, ¿qué pasa con un menor que ha sido víctima de un delito sexual? El niño queda traumatizado y el ver a su agresor puede ser peor. Entonces, la idea es que pueda estar oculto en otro lugar para que no pueda verlo y pueda contestar a las preguntas. Así se respetan las garantías y el derecho que tiene el niño de no sufrir un daño psicológico por culpa del proceso", agregó Jaime Granados.

Respecto a los costos, aún no se ha establecido un monto. Lo único que se conoce son los gastos aproximados de la justicia actual; sólo la Fiscalía General de la Nación requiere de un millón de dólares diarios.

Chile ha sido uno de los más recientes países que también han adoptado el sistema acusatorio. Por el espacio de casi una década inició el proceso de transformación y los cálculos revelan que ha invertido 500 millones de dólares.

"En Chile fue costoso porque no había Fiscalía, nosotros ya la tenemos y aunque la defensa pública es todavía incipiente, hay un buen comienzo", aseguró Jaime Granados.