Los fiscales cumplen doble función, investigador y acusador. Foto www.colombia.com

A pesar de ser Colombia uno de los países con la más alta criminalidad en el mundo, su justicia no brinda garantías a los menos favorecidos económicamente hablando, las denuncias y demandas no compensan los daños a la víctima, las decisiones judiciales son lentas, las condenas están lejos de ser ejemplares, reinan la corrupción y la impunidad, se genera irrespeto por el sistema judicial y la pérdida de la confianza en la administración de justicia.

La ineficacia del sistema mixto con tendencia inquisitiva en Colombia ha provocado, sin ir más atrás, desde hace más de dos décadas, buscar la forma de perseguir el crimen de manera efectiva.

En este modelo actualmente vigente, el fiscal investiga un presunto delito (a raíz de una demanda) y además, se encarga de juzgar; sistema que no ha funcionado en el país, ni en muchas otras partes del mundo que gradualmente han adoptado el modelo acusatorio para administrar su justicia.

El sistema inquisitivo ha existido desde hace más de dos décadas, pero sólo desde la redacción de la nueva constitución en 1991 en el Gobierno de César Gaviria, se creó oficialmente la Fiscalía General de la Nación como la entidad encargada de investigar y acusar a presuntos delincuentes.

En Colombia existen diez fiscales por cada 100 homicidios. - Foto www.colombia.com

Según los expertos, en el fondo lo que se hizo con la creación de la Fiscalía en el 91 fue cambiar los nombres de los funcionarios. "Con ello, la creación de la Fiscalía condujo no a un cambio del sistema de procedimiento, sino que modificó el nombre a los funcionarios que hasta el momento eran jueces de instrucción criminal, por el de fiscales delegados".*

En este sentido, la ley le otorga al fiscal la posibilidad de investigar al presunto sospechoso (s), obligándolo a mantener su imparcialidad. Sin embargo, su otra facultad de dictar medidas judiciales (propia de los jueces), lo coloca en situación que contradice la primera responsabilidad.

Además de ser juez y parte, las pruebas y las determinaciones judiciales tomadas por el fiscal son remitidas posteriormente a un juez, quien finalmente es el encargado de dar la última palabra en el caso.

Con los documentos en mano, el juez debe verificar si las pruebas y las decisiones del fiscal con correctas. Este trámite demora el proceso, provoca congestión y, además, se presentan casos en los que el juez desecha o ignora el trabajo hecho por la Fiscalía.

El trabajo se puede atrasar aún más, teniendo en cuenta la tradición escrita del país, quiere decir, que todos los datos obtenidos durantes la investigación deben reposar en expedientes, que en algunos casos superan los cientos de folios y favorecen así la impunidad.

Impulsadores de la reforma a la fiscalía y al sistema judicial, como el actual Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, han enfatizado que a pesar del aumento que han tenido los fiscales en la descarga de los procesos, el sistema judicial continúa congestionándose. Actualmente son más de 800 mil los casos que se encuentran en espera.

Breve historia judicial

La congestión penal llega a 800 mil casos. Foto www.colombia.com

En busca de la mejora de la administración de justicia, desde 1887 en el país se han expedido seis códigos de procedimiento penal, los que en su mayoría, han coincidido en mantener los mismos elementos que actualmente son materia de discusión y de cambio con la implementación del nuevo sistema acusatorio.

Vale destacar que a partir del Código de Procedimiento Penal de 1987, se dio un tímido paso hacia el sistema acusatorio, pues existe una figura de juicio con perfil acusatorio, calificado como una exposición de alegatos en la mayoría de los casos, y que en lugar de acelerar el proceso, engrosa el expediente, pues todo lo dicho verbalmente debe ser trascrito.

"Aún así, los seis códigos no han resuelto el problema de la impunidad, por retardo e ineficiencia del aparato judicial".*

1979 fue el año en donde por primera vez se intentó instaurar un sistema acusatorio (similar al estadounidense) La reforma constitucional de ese año creó la Fiscalía General de la Nación, ente que se encargaría de investigar con la ayuda de la policía judicial.

La iniciativa que se convirtió en el decreto 181 de 1981, contemplaba que los fiscales debían requerir al juez para que fuera éste quien adoptara las decisiones que delimitaran los derechos de los ciudadanos implicados en el proceso.

Así como contempla la actual reforma aprobada en el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, la del 79 planteaba el sistema acusatorio, es decir, la separación de las funciones de acusación y juzgamiento. Sin embargo, en ese entonces, la Corte Constitucional la declaró ilegal.

La realidad en cifras

Los fiscales a pesar de aumentar su productividad, el sistema actual no brinda el suficiente castigo. - Foto Policía de Medellín

Según las estadísticas manejadas por la Fiscalía, en Colombia, los principales delitos registrados en su orden son la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria y el homicidio.

En comparación internacional, el caso de Colombia señala al tráfico de drogas con indicadores de muy baja represión. A esto se le suma la guerrilla, la pobreza y la desigualdad de oportunidades, que se convierten en algunos de los factores causantes de la delincuencia en sus distintas manifestaciones.

Sólo en homicidios bajo análisis, Colombia tiene 10 fiscales por cada 100 homicidios, mientras que Perú tiene 120, Panamá 100, Grecia 145, Alemania 200 e Inglaterra 250 fiscales.

Respecto a los jueces, el país tiene uno por cada 100 homicidios, por su parte, Chile tiene 13, Brasil 85, Perú 32 y Francia 228.

En materia policial la cifra tampoco es alentadora, Colombia tiene 390 policías por cada 100 homicidios, Uruguay tiene 12.400, Panamá 22.100, Inglaterra 12.600 y Japón 18.800.

En el país se cometen cerca de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Estados Unidos se presentan 5, en Perú 3.23, en Panamá 1.95, y al menos de dos en los países de Europa Occidental y Asia.