Cambiar la maquina de guerra por un sentido más humano de su función.

No se trata de rediseñar los programas del FMI chapuceramente. La filosofía del desarrollo al completo, alimentada por los gobiernos del G7, tiene que cambiar, del mismo modo que tiene que cambiar la estructura institucional del Fondo. Según el Director del FMI, Michel Camdessus, su organización es "una institución monetaria" -no de desarrollo- Debería leer el primer artículo del Convenio Constitutivo de la organización que él dirige: se requiere del FMI que contribuya a "alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales (...) como objetivos primordiales de política económica". Esto significa encargar al Fondo la responsabilidad de permitir a los países responder a los problemas económicos "sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional".

La visión del Director refleja precisamente el error del FMI y de los gobiernos del G7. Se ha establecido una absurda división del trabajo entre el FMI y el resto de la comunidad internacional de desarrollo, incluido su vecino de enfrente de la calle 19 de Washington, el Banco Mundial. Se ha dado la responsabilidad al FMI de diseñar y poner en marcha las reformas macroeconómicas, en tanto que el Banco Mundial, junto al resto de la comunidad de donantes, se preocupa de la reducción de la pobreza y de las políticas sociales. El Banco Mundial ha dado importantes pasos en su trabajo dirigidos a adoptar nuevos objetivos para reducir la pobreza. Sin embargo, evaluaciones internas de este año todavía reflejan que "la mayoría de los préstamos no se dirigen directamente a la pobreza... Rara vez se considera la adopción de esfuerzos directos para ejercer un impacto a corto plazo sobre los más pobres. Este error del Banco Mundial no hace sino complicar la negligencia del FMI con respecto a su interés por la gente pobre.

Este enfoque está dañando el desarrollo de unas estrategias efectivas para la reducción de la pobreza. Igualmente está fuera del nuevo consenso sobre desarrollo, el cual hace hincapié en la importancia de integrar los objetivos de desarrollo humano en las políticas de reforma económica. El Marco Integral de Desarrollo diseñado por el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, refleja esta nueva aproximación. Sin embargo, el FMI continúa diseñando y ejecutando estrategias de reforma económica para alcanzar objetivos macroeconómicos al margen de los objetivos compartidos por la comunidad internacional para reducir la pobreza.

Esto no importaría si el FMI fuera sólo una agencia monetaria. Pero no lo es. El Fondo ha sido dotado de una enorme autoridad: es el guardián de la ayuda y del alivio de la deuda y el prestamista en última instancia de los países que se enfrentan a una crisis financiera. Sus programas cubren a dos tercios de la población de los países en desarrollo excluyendo a China y a India. Directamente controla billones de dólares y muchos más indirectamente. Sus programas configuran el entorno político en el cual se desarrollan las estrategias de reducción de la pobreza llevadas a cabo por los gobiernos nacionales y los donantes. A pesar de ello, el FMI no es, según su Director, una agencia de "desarrollo".

Una visión menos simplista y parcial para formular remedios.

En cierta medida, Michel Camdessus tiene razón. Cuando el FMI marca los parámetros de gasto público, apenas presta atención al número de niños no escolarizados, o a si el sistema de salud se colapsa. La decisión del Fondo para aprobar o rechazar una ayuda depende de si el gobierno alcanza los objetivos inflacionistas, y no si se está vacunando a los niños o si se está dotando de acceso al agua potable a los ciudadanos. De manera similar, cuando el FMI habla de la recuperación asiática que se está llevando a cabo bajo sus programas, su punto de referencia es el mercado regional, en vez del nivel de salud y educación pública.

Un tema de frecuente discusión con los funcionarios del Fondo ha sido el manejo del gasto social en las crisis. En esos momentos, sube más que proporcionalmente el número de pobres, y su recuperación posterior es más lenta. Algunos estudios demuestran que por cada uno por ciento de caída del PBI, se necesita después el 2,5 por ciento de aumento para volver a la misma situación que antes en los sectores de menores ingresos. Estas personas de menores ingresos sufren inmediatamente el desempleo, se ven obligadas a liquidar prematuramente sus escasos activos y hasta afectan el capital social de la familia con el abandono temprano de la escuela por los más jóvenes.

Por eso, y para evitar que se acumule el daño, el gasto social debería aumentar o, al menos, mantenerse constante aunque haya recortes en otras áreas del Estado. El FMI tuvo en este terreno una posición tradicionalmente dura y sólo en 1997 pudimos negociar que las "redes de seguridad social" tuvieran un tratamiento preferencial dentro del presupuesto. Pero su posición en este terreno no es definitiva, como en cambio sí lo es la del Banco Mundial, y sería bueno que el FMI tuviese una perspectiva más cercana a la del Banco e incentivara la creación de fondos sociales anticíclicos, como ya lo ha hecho para el sistema financiero.

Otro terreno en el que el Fondo ha tenido una posición demasiado superficial es el del mercado laboral. El paradigma de "ordenamiento macroeconómico más flexibilización igual a crecimiento y equidad" no ha funcionado así. El mercado de trabajo está fracturado en dos mercados, uno "exitoso" y el otro marginal, que explican en alto porcentaje la inequitativa distribución de los frutos del crecimiento durante la última década. El paradigma simple, entonces, no alcanza y requiere una mirada más compleja y aceptar la posibilidad de intervenciones del Estado para compensar las diferencias en productividad y capital humano que están causando tanta pobreza.

Finalmente, el Fondo debería repensar sus propuestas para la privatización y el ordenamiento de sistemas sociales, como la salud y la previsión social. No hay duda de que la eficiencia del sistema es vital y tiene de por sí un efecto social importante, pero las reformas no pueden ignorar otras variables que resultan relevantes para el equilibrio general, como la universalidad y la solidaridad. En un marco de alto desempleo y problemas sociales, estos sistemas deben asegurar acceso a todos y financiamiento diferencial en función de capacidades, lo que implica mecanismos de redistribución interna. Con estas características, contribuirán a moderar las tendencias inequitativas que se han presentado hasta ahora en nuestras economías.

Un modelo de apertura y globalización necesita instituciones financieras multilaterales adecuadamente capitalizadas, entre otras razones para disminuir la volatilidad de las economías, que ha demostrado tener efectos devastadores sobre los más pobres. Pero también es necesario que estas instituciones, como el FMI, tengan una visión más compleja y cuidadosa de los efectos de sus decisiones sobre la cuestión social.