Gobierno entrega a Congreso proyectos de reforma política y judicial

El Gobierno presentó al Congreso sendos proyectos de reforma política y judicial que no cuentan con el respaldo de los sectores de oposición.

Los opositores rechazan ambas iniciativas porque, a su juicio, no han sido consensuadas y son responsabilidad del ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, a quien no consideran un "interlocutor válido".

Las propuestas fueron entregadas al Senado por el ministro Valencia, hermano de un alto funcionario judicial separado hace poco de su cargo por supuestos nexos con un presunto paramilitar y narcotraficante.

Guillermo León Valencia, que ejercía como director de fiscalías en Medellín, fue destituido el viernes pasado por el fiscal general, Mario Iguarán.

La destitución se produjo tras la divulgación de unas comprometedoras escuchas que confirmaron versiones periodísticas que relacionan a Guillermo León Valencia con "Don Mario", alias de Daniel Rendón, uno de los capos más buscados en la actualidad en Colombia.

El caso llevó a distintos sectores, sobre todo a los opositores Partido Liberal Colombiano, PLC, y Polo Democrático Alternativo, PDA, a exigir la retirada del ministro.

Sin embargo, el presidente Uribe ha defendido a Fabio Valencia y le ha pedido que siga en el Gobierno para promover ante el Congreso las reformas política y judicial.

El ministro dijo, al presentar las reformas, que el Ejecutivo de Uribe "propone, para el fortalecimiento de la democracia, una justicia autónoma e independiente y una actividad política ajena a interferencias de las organizaciones criminales".

"Asumimos el reto histórico de reformar la justicia y la política para fortalecer nuestra democracia, modernizarla y enfrentar, con toda decisión, las mafias y la delincuencia, sin importar de dónde provengan", añadió.

En el ámbito judicial, el Gobierno propone, entre otros asuntos, la "doble instancia y separación de funciones de investigación y 'juzgamiento' para los congresistas", detalló el ministro.

En la actualidad, los legisladores son procesados y enjuiciados por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que investiga ahora los presuntos nexos de funcionarios con paramilitares en un caso al que han sido vinculados 70 congresistas, 28 de ellos ya detenidos.

Asimismo, la reforma propone la doble instancia para los casos relacionados con la investidura de los parlamentarios, la prohibición de la reelección de magistrados y el restablecimiento de la cooptación para su elección, excepto si se trata de la Corte Constitucional.

En cuanto a la reforma política, el Gobierno recoge la propuesta de la llamada "silla vacía", que implica la pérdida del escaño del legislador vinculado a procesos penales, lo mismo que la eliminación de los suplentes.

Además, propone "la cofinanciación del Estado a las campañas políticas" y la limitación a las donaciones del sector privado, con la prohibición de las que provengan de algunos contratistas y concesionarios estatales.

Tanto el PLC como el PDA anticiparon que no participarán en la gestión de estos proyectos.