Los paramilitares y el congreso

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó, en una disposición sin precedentes, detener a tres congresistas por su presunta vinculación con el paramilitarismo.

Los senadores Álvaro García Romero y Jairo Enrique Merlano, y el representante a la Cámara Erick Julio Morris Taboada fueron vinculados a grupos de autodefensa de la ultraderecha que actuaban en el departamento de Sucre (noroeste), de donde son oriundos.

El presidente de la Sala Penal de la Corte, Mauro Solarte Portilla, informó a periodistas de que a García "se le imputa organizar promover, armar y financiar grupos armados al margen de la ley"; igualmente se le investiga como presunto inductor de una matanza.

Los tres habían sido llamados a una indagatoria preliminar el pasado 24 de octubre y son acusados de tener nexos con los jefes paramilitares Pedro Arcobo, alias "Diego Vecino", Rodrigo Mercado Pelufo, "Cadena", Marco Luis Pérez, "El Oso", y Salomón Félix Chadid.

La Sala señaló que la orden de captura no tiene beneficio de excarcelación (fianza).

Los legisladores de Sucre fueron denunciados hace algunos meses de vínculos con el paramilitarismo por el senador Gustavo Petro.

Petro señaló, al conocer la orden de detención de sus tres colegas, que esa situación "es el claro reflejo de que la justicia ha empezado a funcionar en el país con los delincuentes de lesa humanidad".

"No me puedo congratular con la desgracia de los demás" congresistas, dijo.

Sin embargo, "sé que muchos familiares, madres de las víctimas y de los cadáveres de fosas comunes (...) empiezan a sentir un hálito de confianza en el Estado y en la Justicia", dijo

El nexo entre “paras” y el legislativo es peor que el 8.000

Por su parte, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, consideró que la causa por nexos de congresistas con paramilitares puede ser "más grave que el proceso 8.000", en el que el ex presidente Ernesto Samper afrontó cargos por dineros del narcotráfico en su campaña.

"Estamos frente a un hecho más grave que 'el 8.000' porque no solo se trata de financiar las campañas con el ilícito (sino) también de atentados contra el derecho a la vida e igualmente la repartición de los recursos del Estado", señaló Iguarán a periodistas.




El fiscal general advirtió de que si los congresistas no acuden voluntariamente a llamamiento del Alto Tribunal, serán detenidos por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), agentes de su despacho.

Los parlamentarios fueron vinculados a los grupos de autodefensa de la ultraderecha que actuaban en el departamento de Sucre, noroeste del país, del que son oriundos.