Ex senador García Romero es el zar de la política desde la cárcel

El ex senador Álvaro García Romero, detenido en noviembre pasado por sus presuntos nexos con escuadrones paramilitares de derecha, sigue manejando desde la cárcel la política de su región, el departamento norteño de Sucre, indicó un diario nacional.

"Él sigue gobernando desde allá y ahora está más fuerte porque tiene dedicación exclusiva para la política", afirmó un político no identificado de Sucre.

García Romero, conocido como "El gordo", se encuentra detenido en la cárcel bogotana de La Picota por orden de la Corte Suprema de Justicia, junto con los también congresistas Mauricio Pimiento, Álvaro Araújo, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Jairo Merlano, Erick Morris y Alfonso Campo Escobar.

La fuente aseguró que miembros del grupo político de García Romero viajan desde Sincelejo, capital de Sucre, a visitarlo en La Picota y que entre ellos se encuentran "concejales, diputados y secretarios municipales", con "la excusa de presentarle un saludo de solidaridad a su jefe".

Añadió que el político arrestado tiene su propio candidato a la gobernación de Sucre para los comicios de octubre próximo.

La Corte Suprema emitió en noviembre y febrero pasados órdenes de captura contra nueve congresistas por presuntos vínculos con el grupo paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de los cuales está prófugo el parlamentario Jorge Luis Caballero, de quien se investiga si viajó a España.

Los procesos contra los congresistas forman parte del escándalo conocido como la "parapolítica", ocasionado por la infiltración de los paramilitares en la política colombiana.

Además, el Supremo citó a declarar la semana pasada a cinco parlamentarios más, en tanto que la Fiscalía investiga a una veintena de ex políticos y ex funcionarios regionales que firmaron en el 2001 un pacto secreto de gobernabilidad con jefes paramilitares.

Las AUC reunieron a las cooperativas campesinas de seguridad creadas hace más de veinte años para combatir a las guerrillas izquierdistas y se convirtieron en escuadrones de la muerte que cometieron numerosos crímenes y violaciones a los derechos humanos.

La organización celebró conversaciones con el Gobierno entre el 2003 y el 2006 y en virtud de los pactos desmovilizó a más de 31.000 combatientes.

Con información de EFE

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