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Ex rehén de las Farc y ex presidente Samper piden no olvidar a cautivos
Política - Martes, 09 / Sep / 2008

Pérez, liberado en febrero pasado tras permanecer en poder de las Farc y Samper, que gobernó entre 1994 y 1998, participaron en un foro organizado con motivo de la Semana por la Paz, que comenzó el domingo.
"Parecería que el país se hubiera olvidado de esas 29 personas que todavía se encuentran en poder de las Farc, como si para ellos no existiera alguna luz de esperanza" dijo el ex presidente Samper.
Consideró difícil que se logre un nuevo rescate similar al del 2 de julio, cuando el Ejército colombiano rescató a 15 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt; a los contratistas estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsales y a 11 militares y policías.
El ex senador Pérez afirmó sobre su experiencia que la sociedad colombiana "se olvidó de los demás plagiados que hay en el país", aunque calificó a los secuestradores como "unos cobardes que se parapetan tras un fusil para conseguir dizque unos resultados".
"La mayoría cree que la salida a este tema es militarista y justifica que mueran 26 o 29 colombianos aún secuestrados para lograr acabar con los cabecillas de la guerrilla pero, nadie se detiene a preguntarse, que la base de la guerrilla se fue al monte por hambre, por pobreza", manifestó el ex congresista.
Agregó que en algunas zonas del país, "la guerrilla se vuelve una opción de vida, porque hay comida y vestido. Mientras esa miseria exista, siempre habrá caldo de cultivo para estos grupos armados", expresó.
Al referirse a las operaciones para rescatar a los secuestrados, Pérez dijo que "nos oponemos por el inmenso riesgo que ellas representan para la vida de los secuestrados" y reclamó "soluciones de fondo".
La guerrilla aún tiene en su poder a 26 policías y soldados y tres civiles, un grupo que aspiran a canjear por cerca de 500 rebeldes presos.
Para dialogar sobre el canje la organización rebelde exige desmilitarizar dos municipios del suroeste del país pero el Gobierno del presidente Álvaro Uribe no aceptó ésa exigencia por razones de seguridad de la población de esas zonas.
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