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DAS infiltró a una detective en Corte Suprema de Justicia, según revista
Política - Domingo, 16 / May / 2010

La mujer hacía parte del esquema de protección a personalidades manejado por el Departamento Administrativo de Seguridad y espió a la CSJ durante casi dos años, a partir de 2007, precisa el semanario, cuya nueva edición entró este domingo en el mercado.
"Con 1,70 metros de estatura, piel canela, ojos verdes, cabello castaño y un cuerpo llamativo, esta mujer que no llega a los 40 años, divorciada y con un pequeño hijo, siempre se ha caracterizado por ser amigable y muy 'entradora', como la definen quienes la conocieron en la Corte y sus compañeros del DAS, quienes cariñosamente la llamaban 'la Gata', por sus ojos verdes un poco rasgados", según la describe Semana.
La publicación revela que la infiltración la hizo evidente Nancy Romero, agente del DAS, durante una diligencia de imputación de cargos a implicados en las escuchas y seguimientos ilegales por parte de la central de inteligencia.
Un total de 18 funcionarios o ex funcionarios del DAS, que depende de la Presidencia de la República, lo mismo que cuatro de sus ex directores, son investigados por estos hechos, que estuvieron dirigidos contra magistrados, políticos opositores, periodistas y activistas de derechos humanos, entre ellos extranjeros.
La revista precisa que la detective Romero declaró ante un fiscal que "había desgrabado, y posteriormente destruido, un audio sobre una reunión privada de un grupo de magistrados de la Corte Suprema".
En su testimonio, dijo que el audio, en un disco compacto, le había sido entregado en el segundo semestre de 2008 por su superior, Gustavo Sierra, de la Subdirección de Análisis en el DAS y quien le dio como palabras clave "reelección" y "extradición".
"Según Romero, Sierra le recomendó también que debía entregar el trabajo el lunes siguiente a primera hora, 'debido a que se necesitaba para que la señora María del Pilar Hurtado, directora para la época, lo entregara al señor Presidente (Uribe) en una reunión previa a un consejo de seguridad'", agrega la revista.
El semanario resalta que, con esta infiltración, la agente Luz pudo convertirse en la sombra de algunos magistrados y tener acceso, sin despertar sospechas, a cualquier lugar del Palacio de Justicia, sede de la CSJ, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
La espía "podía ver con quiénes se reunían, qué testigos iban, quiénes eran los investigadores de la Corte", agrega Semana, y apunta que la personalidad de ella "le permitía entrar rápidamente en confianza con gente clave en el alto tribunal".
Una grabadora era el medio utilizado por la mujer para grabar las sesiones y reuniones privadas de los magistrados, según la misma fuente, que indica que también "lograba conseguir apartes clave de expedientes".
La información tenía como destino superiores en el DAS o altos cargos de la Casa de Nariño, como los secretarios General, Bernardo Moreno, y Jurídico, Edmundo del Castillo, añade Semana, que también publica un informe complementario con apartados de los testimonios de funcionarios o ex funcionarios que comparecen ante la fiscalía.
Son declaraciones que, dice Semana, aportan a un caso en el que "una de las pocas cosas que faltan por determinar es quién dio las órdenes a los funcionarios del DAS".
Por los apartados que recoge esta publicación, uno de los procesados confiesa que había sido comisionado en los momentos en los que la CSJ investigaba el escándalo de la "parapolítica" (de nexos de congresistas y otros funcionarios del Estado con grupos paramilitares), para establecer el avance de las causas y a "quién salpicaban".
Este declarante confirma que los audios se destruían tras ser escuchados o transcritos, aunque dice que conserva algunos como su "seguro de vida".
"En la mayoría de las ocasiones esa información, ya procesada, la manejaba con los de inteligencia o el director del Departamento (el DAS), instancias en las que, añade, "se definía cuál de esa información debía ir a la Casa de Nariño".
El mismo procesado dice que personalmente entregó a Moreno y a Del Castillo, en la sede del Ejecutivo, informes de estas actividades ilegales, y observó que sus entradas fueron registradas.
Otro declarante dijo haber entregado informes en discos compactos "en la Oficina de Seguridad de Palacio y de Prensa para que se las dieran (a sus destinatarios en Casa de Nariño)".
Además, confiesa que, por orden de cargos del Ejecutivo, cedió a abogados de congresistas afines al Gobierno datos de otros juristas o investigadores de los escándalos. EFE
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