La exigencia de Petro a Bukele: "Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles"

El presidente Gustavo Petro volvió a poner el foco en el dramático destino de los migrantes latinoamericanos este sábado, tras conocer que decenas de colombianos y venezolanos permanecen tras las rejas en El Salvador.

A través de un extenso hilo en X, el mandatario reclamó directamente a su homólogo Nayib Bukele la entrega inmediata de sus compatriotas, amparado en la reciente suspensión de deportaciones ordenada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Arcaica legislación en el banquillo

La controversia nace de la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto diseñado para conflictos del siglo?XIX y que solo se había empleado en dos guerras mundiales.

En marzo, el expresidente Donald Trump activó esta norma para declarar “enemigos a los supuestos pandilleros” y enviarlos desde Texas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel salvadoreña de máxima seguridad.

Bajo ese amparo se ejecutaron deportaciones masivas de venezolanos, a sabiendas de que varios grupos de derechos humanos insistían en que aquellos detenidos no tenían vínculo real con la banda Tren de Aragua.

Petro calificó de “inaceptable” criminalizar a todo un pueblo por las acciones de una organización criminal y destacó: “No aceptamos, y la justicia estadounidense no acepta, que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela”. Acto seguido, exigió a Bukele que “entregue a los colombianos que tiene en sus cárceles” y que deponga la persecución de los migrantes con pasados migratorios legales.

Reacciones desde la Corte y la ACLU

La suspensión temporal de estas deportaciones es resultado de un recurso interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció la ilegalidad de aplicar una ley de hace más de dos siglos contra personas desplazadas por hambre y violencia.

El fallo obliga a detener los traslados hasta que un tribunal evalúe el fondo del asunto, aunque el gobierno de EE.?UU. ya presentó una moción para revocar la medida y retomar su política de expulsión de migrantes indocumentados.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre las condiciones en el Cecot, donde más de 200 venezolanos ya fueron recluidos bajo sospecha de pertenecer a pandillas. Varios familiares y abogados sostienen que buena parte de esas personas huyó precisamente de la inseguridad y la miseria en su país.

Un llamado a la solidaridad

Para Petro, la crisis va más allá de la política interna de dos gobiernos: es “un atentado contra los derechos humanos” y una señal de “deshumanización” de quienes buscan refugio. El mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional para frenar esta ola de deportaciones y tratar a los migrantes como víctimas, no como criminales.

“El pueblo venezolano no es enemigo de nadie; merece respeto y protección”, concluyó, subrayando la urgencia de instaurar un enfoque más humano y legalmente riguroso en la gestión migratoria.