Álvaro Uribe pide que procesos por masacres del Aro y la Granja pasen a la Fiscalía

Las noticias judiciales relacionadas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez no cesan. Ahora, luego de solicitar que el proceso que se adelanta en su contra por la presunta manipulación de testigos pase a manos de la Fiscalía, la defensa de Uribe ha solicitado que otros procesos que se adelantan en su contra en la Corte Suprema de Justicia, pasen también a la Fiscalía General de la Nación, específicamente los relacionados con la masacre de El Aro y La Granja.

La solicitud se escuda en la Constitución Política que señala que la Corte Suprema solo es competente para indagar procesos relacionados con las funciones de parlamentario, no con otras, por lo que los procesos deberán pasar a la justicia ordinaria. Cabe recordar que  Álvaro Uribe Vélez presentó su renuncia oficial al Senado de la República el pasado 18 de agosto en medio de la detención domiciliaria dictada por el alto tribunal.

De esta manera, los expedientes relacionados a manipulación de testigos y las masacres ocurridas en El Aro y en La Granja pasarían a la Fiscalía, alejando al exmandatario de la Corte Suprema de Justicia, a quien ha acusado en reiteradas ocasiones de no ser objetiva y de estar ‘politizada’.

Ambos hechos, en los que se responsabilizan a grupos paramilitares de ser los autores, tuvieron lugar hace más de 20 años en el departamento de Antioquia, cuando Álvaro Uribe Vélez se desempeñaba como Gobernador. La masacre de El Aro tuvo lugar el 22 de octubre de 1997 y dejó un saldo fatal de 15 personas, mientras que lo sucedido en La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996, cobrando la vida de cinco personas. En ambos casos se presentaron torturas y desplazamientos forzados.

Las dos masacres fueron declaradas como crímenes de lesa humanidad por lo que trascendieron de la justicia ordinaria hasta la Corte Suprema de Justicia, que analizaba la responsabilidad del entonces Gobernador tras algunas declaraciones de exparamilitares como Francisco Villalba. 

Otro expediente que pasaría de manos de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación sería el relacionado al asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado el 27 de febrero de 1998 por sus constantes denuncias sobre el accionar paramilitar en la región. Francisco Angulo Osorio y su hermano Jaime Angulo Osorio, fueron señalados como determinadores del crimen.