Caso contra Álvaro Uribe pasaría de la Corte Suprema a la Fiscalía

Algunos medios de comunicación como La W Radio y La Silla Vacía aseguran que este 31 de agosto la Corte Suprema de Justicia habría tomado la decisión de enviar el archivo que se tiene del caso en contra de Álvaro Uribe, por supuesta compra de testigos y fraude procesal, a la Fiscalía General de la nación.

La decisión se da semanas después de que Uribe renunció a su curul en el Senado de la República, acusando que su actividad en la Cámara Alta representaría un impedimento durante su defensa en el caso por presuntos sobornos a testigos que actualmente lo aqueja.

Cabe recordar que, hoy en día, el expresidente se encuentra detenido en su domicilio, luego de que la Corte Suprema determinó que su libertad podría ser un factor negativo en la investigación que aún se desarrolla en su contra.

"La Corte no tiene facultad aquí"

Desde que Uribe renunció a su puesto como senador, la discusión gira en relación sobre si la Corte Suprema de Justicia debía seguir o no al mando del proceso jurídico del expresidente, teniendo en cuenta que con su salida también perdía su fuero como congresista de Colombia. En ese caso, Uribe debería ser considerado como un civil más, razón por la que la Fiscalía tomaría su caso.

Frente a esto, la Procuraduría General emitió hace unos días un comunicado en el que explicaba que la Corte perdía toda facultad de continuar con la investigación en contra de Uribe, "toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista".

No hay prueba de que el doctor Uribe Vélez (…), hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abusó de sus labores congresuales; y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales –en tanto ya era Congresista para ese momento-, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República”, explicó la Procuraduría.

Lo que en un principio fue un mero concepto jurídico emitido por el también llamado Ministerio Público, tal parece que tuvo fuerza en la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, que habría dado su brazo a torcer en este lío, dejando así que sea el fiscal general, Francisco Barbosa, quien se apropie de esta situación.