El Gobierno nacional presentará la ley anticorrupción al Congreso de la República

El Gobierno nacional presentará la ley anticorrupción al Congreso de la República este miércoles 28 de octubre y según la Vicepresidencia el proyecto se fundamenta en poder dar garantías para que se puedan denunciar actos de corrupción sin que se presenten problemas para quienes lo hacen.

Es normal que las personas que conocen de actos de corrupción en diferentes estamentos no lo hagan porque las represalias pueden afectarlos notoriamente debido a la posición y poder de quienes cometen delitos, el gobierno nacional quiere poner fin a esto y que nadie sea intocable.

En Colombia la percepción de que no se trabaja duro para evitar la corrupción es mayoritaria entre la población y los frecuentes casos en los que se ven envueltos funcionarios del estado sin recibir el peso de la ley, ha labrado un camino lleno de incredulidad y que aumenta la noción de vivir en un país cuyos servidores y gobernantes son con corruptos.

El gobierno de Iván Duque quiere denominar como la “cultura de la legalización” a todas las iniciativas que avancen en la transparencia y eviten la corrupción, encaminada especialmente a logra que la población recobre la confianza en sus instituciones y también el respeto por los asuntos de naturaleza pública.

En este proyecto ocupan una parte importante los delitos que atentan contra el erario público, una lamentable costumbre que parece haberse instalado en la vida cotidiana de la nación y que infortunadamente le roba oportunidades a la inversión social y la lucha contra el hambre, la salud y la pobreza.

Los ciudadanos no creen en la transparencia de cualquier iniciativa pública, un ejemplo claro de ello está representado en las obras de infraestructura, en donde un puente o una simple pavimentación de una calle termina costando 3 veces más de lo fijado inicialmente, todo para favorecer un tradicional y poderoso aparato de corrupción.

En estos meses de pandemia se han destapado y han salido a flote casos aberrantes de corrupción, el ejemplo más claro son las contrataciones que han realizado diferentes municipios para la entrega de mercados o material de bioseguridad en el que negocios amañados enriquecen a sus protagonistas y juegan con el bienestar de la población más necesitada.

El gobierno quiere que los denunciantes de hechos de corrupción sean protegidos por el estado y de esta manera contar con herramientas que combatan la corrupción, el mal que ha engendrado los demás males del país y lo mantienen en una profunda desigualdad e inequidad social.

Esta iniciativa de protección se coordinará con la Fiscalía General de la nación, los organismos policiales y la UNP, Unidad de Protección a Testigos para garantizar la integridad de los denunciantes y de su círculo.

La iniciativa del gobierno, así como busca fortalecer las penas individuales para los corruptos, también quiere fortalecer las sanciones a las personas jurídicas, consorcios, sociedades extranjeras o sin ánimo de lucro, entre otras, que se beneficien en actos de corrupción.