'Ñeñepolítica': Responsabilidad de Álvaro Uribe seguirá siendo investigada por la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia determinó que la investigación preliminar que adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la 'Ñeñepolítica' seguirá en su jurisdicción y no pasará a la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía General de la Nación, tras su renuncia al congreso. La determinación la tomó tras considerar que el caso sí tendría relación con las funciones de Uribe como exsenador de la República.

La investigación busca determinar la presunta compra de votos que se habría registrado en las elecciones presidenciales de 2018, en las que el candidato Iván Duque se alzó como actual presidente de Colombia. La denuncia de los hechos fue presentada a inicios de 2019 por el periodista colombiano Gonzalo Guillén.

El término ‘Ñeñepolítica’ se acotó luego de que se conocieran algunos audios en los que el fallecido ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernandez, mencionaba la compra de votos a favor de la campaña presidencial de Duque.

La decisión de mantener el caso en la Corte Suprema fue tomada por la Sala de Instrucción del alto tribunal al considerar la responsabilidad de María Claudia Daza en los hechos. Daza, en el tiempo en que habría tenido lugar la ‘Ñeñepolítica’, se desempeñaba en la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Tras la renuncia de Uribe al Senado, varios de los procesos que adelantaba la Corte Suprema de Justicia fueron enviados a la Fiscalía General de la Nación. Tal es el caso del proceso que se adelanta por la presunta manipulación de testigos en la que habría incurrido el expresidente junto a su abogado Diego Cadena para señalar al senador Iván Cepeda de soborno a testigos, denuncia que finalmente fue desestimada y, tras consideración de la Corte, reabierta pero en contra del denunciante Uribe.

Por otro lado, las indagaciones que ha adelantado la Corte en materia de la responsabilidad del expresidente en algunas masacres ocurridas cuando fungía como Gobernador de Antioquia, también pasaron a manos de la Fiscalía General.

Mientras tanto, la detención domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se adelanta por la presunta compra de testigos, seguirá vigente hasta que la Corte Suprema de Justicia defina con claridad la ley con la que llevará el caso y, posterior a ello, sería la Fiscalía la que podría levantar la detención que se lleva a cabo en la finca El Uberrimo, propiedad de Uribe.