Procuraduría abre nueva investigación a exgerente de Triple A

La misma se encuentra vinculada con Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.

La investigación tiene como objetivo aclarar las presuntas irregularidades contractuales por más de 28.000 millones de pesos (unos 9,28 millones de pesos), detalló la Procuraduría en un comunicado.

La comisión disciplinaria para el caso Triple A busca determinar la existencia de faltas disciplinarias relacionadas con presuntas facturaciones artificiosas a través de órdenes de pedido con la empresa R&T por más de 22.379 millones de pesos (unos 7,4 millones de dólares).

Además pretende aclarar los contratos de consultoría firmados con Inassa por 5.738 millones de pesos (cerca de 1,9 millones de dólares).

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Según la investigación, los objetos de estos contratos, al parecer, no fueron ejecutados o se adelantaron de manera irregular, agregó la información.

El próximo 14 de septiembre, la Procuraduría escuchará en versión libre a los exgerentes de la Triple A Navarro y Ramón Heráclito Hemer Redondo dentro del juicio disciplinario por el pago de 80 millones de dólares a Inassa.

Se trata de hechos relacionados con la ejecución del contrato de asistencia técnica suscrito entre la empresa española y la sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P (Triple A).

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Un juez colombiano dictó en marzo pasado prisión domiciliaria a la espera de juicio para Navarro, que en la audiencia, celebrada a puerta cerrada, aceptó los cargos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal, y falsedad en documento privado.

La Triple A es una entidad de propiedad de Inassa, filial latinoamericana del Canal de Isabel II que también resultó vinculada a la investigación de las autoridades españolas denominada "Operación Lezo".

La investigación, realizada por la Fiscalía, señala que Navarro y los otros vinculados se habrían apropiado de los recursos mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que nunca adquirieron, así como cuatro contratos de consultoría con los que buscaban "justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado".

La Fiscalía también investiga a cinco exdirectivos de Triple A y seis de Inassa por un "contrato suscrito el 4 de septiembre de 2000" entre ambas empresas.

En ese contrato, según el ente acusador, "se pactó un pago mensual del 4,5 % del recaudo de servicios domiciliarios" de alcantarillado, acueducto y limpieza, "por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica".