Procuraduría sanciona severamente al funcionario de Migración que agredió físicamente a un pasajero

La Procuraduría ha destituido e inhabilitado por 12 años y 5 meses a Jaime Alonso Sánchez Cárdenas, oficial de Migración Colombia, tras el recordado incidente en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. La sanción se dictó debido a una agresión física que Sánchez Cárdenas perpetró contra un ciudadano colombiano, Juan Ramón Camarillo, y que fue captada en video.

El altercado ocurrió mientras Camarillo solicitaba ayuda para un trámite migratorio. Según la investigación, el intercambio de palabras groseras entre ambos terminó en una agresión física que causó lesiones en el rostro y la pierna izquierda de Camarillo, con una incapacidad médica de cinco días. Tras este incidente, Sánchez fue suspendido provisionalmente por tres meses mientras se investigaban los hechos.

Camarillo, un ingeniero electricista, relató que el problema comenzó cuando pidió información sobre supuestos fallos en la máquina de identificación biométrica. En lugar de recibir ayuda, fue agredido físicamente tras un intercambio de palabras soeces.

La Procuraduría concluyó que Sánchez Cárdenas abusó de su posición, violando los principios de respeto y servicio público, y afectando gravemente la integridad del ciudadano y los valores institucionales de Migración Colombia.

Camarillo solicitó justicia expedita y lamentó el comportamiento de los funcionarios, señalando que esperaba descansar y pasar tiempo con su familia, no encontrarse con funcionarios displicentes.

Por su parte, Sánchez Cárdenas ofreció su versión de los hechos en BluRadio, afirmando que reaccionó ante los insultos de Camarillo y pidiendo disculpas por su conducta. Admitió que no fue la mejor manera de proceder, reconociendo que le propinó una cachetada y una patada a Camarillo.

La Procuraduría, sin considerar el arrepentimiento de Sánchez, sostuvo que su conducta fue inapropiada y emitió la sanción de destitución e inhabilitación. No obstante, Sánchez tiene la posibilidad de apelar esta decisión ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento. Este fallo enfatiza la importancia de la ética en el servicio público y la protección de los derechos de los ciudadanos.