Condenan a Colombia por muerte de defensora de DD.HH.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó una sentencia en la que encuentra al Estado colombiano responsable de detenciones ilegales y falta de protección de cinco defensoras de los derechos humanos, así como de la muerte de una de ellas.

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"Colombia es responsable por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria junto con otras defensoras de la Comuna 13 en Medellín", explicó la CorteIDH con sede en Costa Rica.

El tribunal, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que el Estado también fue condenado por "no haber adoptado medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de derechos humanos, y por violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial".

El caso tiene que ver con la situación de riesgo y violencia sufrida a partir de 2002 por las defensoras de derechos humanos y líderes comunales: María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa, así como el impacto generado en sus familiares.

Yarce, Mosquera y Naranjo fueron detenidas en 2002 por haber sido señaladas como colaboradoras de la guerrilla sin que se acreditara la causal, pero fueron liberadas nueve días después.

La Corte determinó que la detención fue "ilegal y arbitraria y que, en las circunstancias del caso, además de una violación al derecho a la libertad personal, generó una vulneración de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad de las víctimas".

Las otras cuatro defensoras y sus familiares se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de residencia para resguardar sus vidas ante el hostigamiento y amenazas de la guerrilla. Sobre este punto los jueces señalaron que "el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro".

La CorteIDH ordenó al Estado colombiano llevar a cabo reparaciones económicas por daños materiales e inmateriales, así como continuar la investigación sobre el desplazamiento forzado de Rúa y sus familiares e implementar un programa, curso o taller dentro de la Comuna 13 de Medellín destinado a promover e instruir sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos.

EFE