Abogada que prometía remates judiciales "gangazos" terminó tras las rejas

Una red de engaños que duró tres años y dejó millonarias pérdidas económicas llegó a su fin. Judith Elbertes Jay Cuervo, una abogada señalada de realizar estafas masivas, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario, según determinó la Fiscalía General de la Nación tras presentar pruebas contundentes en su contra.

¿Cómo operaba la estafa?

La mujer aprovechaba su título de abogada para inspirar confianza en sus víctimas en Pereira y Dosquebradas. “La mujer es señalada de valerse de su formación profesional para contactar personas con el supuesto de tener conocidos en los juzgados civiles del departamento y algunas sucursales bancarias de Quindío, que le ayudarían a adquirir a bajo costo inmuebles y automotores que entraban en proceso de subasta”, detalló la Fiscalía.

Para darle un aire de legitimidad a sus actos, entregaba documentos falsos, actas de remate con sellos y formatos de consignación que parecían oficiales. Con este montaje, entre 2021 y 2024, presuntamente logró recaudar 624 millones de pesos de al menos 26 personas. Una vez recibía el dinero, la abogada simplemente desaparecía, cortando todo tipo de comunicación con los afectados.

“Desplegó actividades engañosas a numerosas personas de esta región del Eje Cafetero, convenciéndolas de tener información legal y fidedigna de la liquidación y remate de bienes inmuebles y de automotores por parte de los juzgados civiles del circuito de la ciudad de Armenia, logrando captar de cada una de ellas sumas de dinero destinadas a la gestión y adquisición de esos bienes en remate, sumas que fueron aumentando a medida que incrementaba sus embustes para hacer incurrir aún más en error a sus víctimas”, explicó la fiscal.

Una carrera delictiva que no se detiene

 Esta no es la primera vez que Jay Cuervo enfrenta a la justicia. Recientemente, la mujer fue procesada por maniobras fraudulentas similares en los municipios de Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca), donde dejó a otras 15 personas perjudicadas.

La Fiscalía le imputó los delitos de estafa, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. Ante la contundencia de las pruebas, la procesada aceptó los cargos y un juez ordenó su reclusión inmediata en una cárcel, evitando que siga cometiendo este tipo de delitos.

“En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de la Seccional Risaralda le imputó los delitos de estafa, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado, todas las conductas agravadas”, así lo detalló la Fiscalía.