¿Por qué condenaron al exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo a más de 9 años de prisión?

El exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fue condenado a 9 años y 9 meses de prisión por irregularidades en un contrato para la remodelación de cinco centros de salud durante su administración.

En ese sentido, una juez de conocimiento de Bogotá, basándose en las pruebas que presentó la Fiscalía,  condenó a Carlos Caicedo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Además de la pena de prisión, el exmandatario deberá pagar una multa equivalente a 4.453 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2014 y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena.

¿Qué fue lo que pasó con el exalcalde de Santa Marta?

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos están relacionados con un contrato firmado el 20 de agosto de 2014 por 6.532 millones de pesos entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una empresa privada para realizar obras de mantenimiento y adecuación en los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.

“En su condición de presidente de la junta directiva de la ESE, impulsó el proyecto mediante el Acuerdo 004 del 5 de junio de 2014, pese a que no existían estudios previos, licencias de demolición, conceptos técnicos de viabilidad del Ministerio de Salud y el proyecto no estaba incluido en el plan anual de adquisiciones de la entidad. Las licencias fueron expedidas tres años después del inicio de las obras”, detalló la Fiscalía.

El ente acusador también señaló que las irregularidades provocaron la suspensión de los servicios en varios centros de salud, por lo que la atención médica tuvo que trasladarse temporalmente a inmuebles arrendados y sedes de juntas de acción comunal.

Además, las obras nunca fueron terminadas. El contrato fue liquidado en julio de 2016 y, según la Fiscalía, el centro de salud de Mamatoco aún permanece sin terminar.

Durante el juicio también se estableció que las presuntas irregularidades ocasionaron un detrimento patrimonial superior a 5.040 millones de pesos.

Aunque al contratista se le pagaron 4.408 millones de pesos, las obras ejecutadas solo alcanzaban un valor aproximado de 1.570 millones de pesos, según las pruebas presentadas por la Fiscalía.

La entidad precisó que esta es una sentencia de primera instancia, por lo que la defensa del exalcalde aún puede presentar los recursos que contempla la ley.