Contraloría revela irregularidades financieras en FOMAG

La Contraloría General de la República ha realizado una Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) correspondiente a la vigencia 2022, encontrando cuatro hallazgos con presunta incidencia fiscal por un monto total de más de $125.000 millones, específicamente $125.669.655.007.

El mayor hallazgo fiscal detectado se refiere a la falta de oportunidad en la cancelación de facturas de servicios médicos a los profesores, lo cual ha generado el pago de intereses moratorios por un valor de $116.104.030.527. 

Además, se ha evidenciado que durante el año 2022 se realizó el reconocimiento y pago tardío de 5.772 cesantías, lo cual ha ocasionado un detrimento en el patrimonio por el pago de sanciones moratorias por un valor de $6.706.249.801. Estas sanciones corresponden a pagos inoportunos de cesantías en vigencias anteriores.

Por otra parte, se ha detectado que debido al pago tardío de fallos y conciliaciones, se han generado intereses moratorios por un valor de $2.741.036.674. Además, se ha observado un mayor desembolso por concepto de pensiones, cesantías y sanciones moratorias por un total de $118.338.005.

En total, se han identificado 15 hallazgos en esta Auditoría Financiera, de los cuales 12 podrían tener implicaciones disciplinarias. Otros 2 hallazgos han sido trasladados al Ministerio de Salud y Protección Social debido a la falta de oportunidad en los reportes requeridos, y a la Superintendencia Nacional de Salud debido a la ausencia de exigencia de constitución de reservas técnicas, lo cual representa un riesgo para la prestación del servicio.

La calificación final del Control Interno del Fondo ha sido determinada como "CON DEFICIENCIAS" con un puntaje de 1.9, debido a la materialización de algunos riesgos detectados en la auditoría. Además, la Contraloría emitió Opinión Contable y Opinión Presupuestal con salvedades. Por último, se ha dado por concluida la cuenta fiscal del FNPSM correspondiente al año 2022.

El Contralor Delegado para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, Andrey Geovanny Rodríguez, resaltó que esta auditoría ha permitido a la Contraloría responder al llamado de jueces, magistrados e incluso consejeros de Estado en relación a los fallos que se han presentado en los pagos de sanciones moratorias y en la demora en el reconocimiento de beneficios sociales para los profesores del magisterio

“Hacemos un llamado especial para que estas situaciones se dejen de presentar en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, porque al final son los recursos de los profesores los que se encuentran allí en juego”, especificó el contralor.