Bogotá: se ocuparon bienes utilizados para la explotación sexual; victimas eran obligadas

Este martes 16 de agosto, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado informando que en Bogotá se ocuparon bienes que habrían estado al servicio de redes delictivas dedicadas a la trata de personas y la explotación sexual comercial de mujeres y menores de edad.

Así lo dio a conocer Liliana Patricia Donado Sierra, Directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, quien comunicó que se le impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre ocho bienes que habrían sido destinados por las redes delincuenciales ‘Las Arandias’ y ‘Los Coteros’.

De acuerdo con las autoridades, se trataba de una sociedad, dos establecimientos de comercio y cinco inmuebles ubicados en las localidades de Santa Fe y Kennedy, en el centro y el suroccidente de Bogotá que se utilizaban para la trata de personas y la explotación sexual con fines comerciales.

El trabajo investigativo del CTI y de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió establecer que ‘Los Coteros’, al parecer, dispusieron de un local en Kennedy para someter a mujeres a tratos crueles e indignos. 

Las víctimas, presuntamente, eran obligadas a sostener relaciones íntimas durante largas jornadas, y las tenían amenazadas con quedarse sin alimentación o recibir multas si no accedían a los propósitos sexuales de otras personas.

Respecto a ‘Las Arandias’, la Fiscalía constató que tendrían a su servicio cuatro inmuebles, una sociedad y un establecimiento de comercio en la localidad de Santa Fe, los cuales eran usados para explotar sexualmente con fines comerciales a varias menores de edad extranjeras, cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 18 años. 

Según lo señalaba la misiva la organización de ‘Las Arandias’ supuestamente, falsificaba documentos de identidad de las adolescentes para hacerlas pasar como mayores de edad y así poder cumplir con sus objetivos que ponen en riego la vida de las menores; además, de los problemas psicológicos que esto podría generarles. 
 
Asimismo, en video quedó grabado el momento en que uniformados de la policía sellaron los establecimientos en donde se tenían estas prácticas que atentan contra los derechos humanos y el trato digno a las personas.
 
Así las cosas las autoridades también precisaron que los bienes ocupados, fueron avaluados preliminarmente en más de 3.500 millones de pesos. Los mismos, también quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.