Colombia.com Bogotá Lunes, 16 / Sep / 2019

Asesinatos de candidatos podrían ser autoría de sus "competidores políticos"

"Existen señales de que (los asesinatos a candidatos) fueron contratados y pagados por rivales políticos de las víctimas”, explicó el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila.

Orley García, excandidato a la Alcaldía de Toledo (Antioqui), y Karina García, excandidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca). Foto: Twitter
Orley García, excandidato a la Alcaldía de Toledo (Antioqui), y Karina García, excandidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca). Foto: Twitter

La temporada electoral de este 2019 en Colombia, se ha visto contaminada por el asesinato de cerca de siete candidatos a las alcaldías de municipios ubicados en zonas como Norte de Santander, Antioquia y Cauca.

Por ejemplo, el pasado domingo 15 de septiembre fue asesinado Bernardo Betancurt Orozco, candidato por el Partido Conservador a la Alcaldía de Tibú (Norte de Santander). Según las autoridades, el hecho se dio durante un evento de campaña de Betancurt en el corregimiento de La Gabarra, cuando varios hombres bajaron al hombre de una canoa en la que se transportaba, y le dispararon a sangre fría frente a la mirada atónita de sus seguidores.

Por supuesto, esta realidad ha levantado las alarmas, tanto de las autoridades competentes como de las ONG’s dedicadas a la búsqueda de la verdad en el conflicto colombiano. Una de estas organizaciones es la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que se ha especializado durante los últimos años en investigar los actos de violencia y corrupción presentes en las etapas electorales de Colombia.

Es por esto que el Tercer informe de Violencia y Dinámica electoral 2019, expuesto por Pares, ha sido tema de gran relevancia en los últimos días, no solo por la importancia que representa esta fundación en este tipo de conversaciones, sino por los resultados que arrojó el informe.

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Sicariato electoral

En entrevista con el periódico El Espectador, el subdirector de Pares, Ariel Ávila, indicó que en los últimos meses “se ha ido creando un lumpen criminal, un ejército de mercenarios que venden servicios de seguridad y que son contratados por muchos políticos para amedrentar a la competencia. Esto significa que la violencia es otro mecanismo de competencia política en Colombia”.

Así, Ávila pone a debate la hipótesis de que los asesinatos de los candidatos no son al azar, sino que, por el contrario, hacen parte de un detallado plan de sus ‘enemigos políticos’ que ordenan la desaparición física de sus contrincantes. De esta forma, algunos grupos políticos se estarían asegurando de a poco su triunfo en los comicios del próximo 27 de octubre.

 “Para la Fundación Paz y Reconciliación, en la mayoría de los casos que han terminado en homicidios y en atentados de candidatos en esta violencia reciente, existen señales de que fueron contratados y pagados por rivales políticos de las víctimas”, indica Ávila.

Cuando se le preguntó al investigador si podía “dar algún ejemplo real de candidatos poniendo en peligro a sus competidores”, este respondió:

“La Fundación Paz y Reconciliación ha encontrado que en algunos casos, como en el Cauca, un candidato publicita un panfleto diciendo, por ejemplo, que su contrincante político apoya las fumigaciones aéreas. Esto, en muchas zonas, significa ponerle una lápida al candidato señalado”.

Por último, Ariel Ávila explicó que si el Gobierno Nacional no toma el control de la situación, “es posible que para el 27 de octubre lleguemos a más de 250 víctimas y más de 30 homicidios. Correrá mucha sangre”.

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Redacción Actualidad - Colombia.com