Impuestos generan choque entre Gobierno y gremios por medidas de emergencia

Las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno para financiar la atención de la emergencia económica provocada por las inundaciones en varias regiones del país empezaron a generar fuertes reacciones entre representantes del sector empresarial. Gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) manifestaron preocupación por el impacto que podrían tener los impuestos anunciados dentro del paquete de decretos expedidos recientemente.

Las disposiciones hacen parte de las decisiones tomadas tras la declaratoria de emergencia económica, decretada por el Ejecutivo luego de las afectaciones causadas por intensas lluvias en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según el Gobierno, estas medidas buscan asegurar recursos para atender a las comunidades afectadas y financiar proyectos de reconstrucción en las zonas impactadas.

Entre los cambios incluidos se encuentra la ampliación del tributo al patrimonio, que ahora también se aplicará a sucursales y establecimientos permanentes de empresas extranjeras que desarrollan operaciones en el país. Además, el decreto establece nuevas reglas para las plataformas digitales dedicadas a los juegos de azar, actividad que deberá asumir una carga del 16 % sobre los ingresos generados por las apuestas en línea.

La norma también contempla un mecanismo de normalización tributaria para el año gravable 2026, con el objetivo de que contribuyentes que posean activos no declarados o pasivos inexistentes puedan regularizar su situación fiscal ante la autoridad tributaria. Esta medida establece una tarifa del 19 % para quienes decidan acogerse al proceso.

Desde algunos gremios se ha señalado que la adopción de impuestos mediante decretos de emergencia podría generar un debate sobre los límites de las facultades extraordinarias del Gobierno. Para los representantes empresariales, decisiones de este alcance deberían discutirse en el Congreso a través de los mecanismos legislativos ordinarios.

También advierten que el aumento de cargas fiscales podría tener efectos en la confianza de los inversionistas y en la actividad empresarial, especialmente en un contexto económico que aún enfrenta varios retos.

El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la prioridad es responder a la crisis provocada por las lluvias y garantizar recursos suficientes para atender a las comunidades afectadas. De acuerdo con las proyecciones oficiales, las nuevas medidas permitirían recaudar cerca de 8,68 billones de pesos que se destinarán a diferentes programas de atención, reconstrucción e inversión social.

Mientras tanto, el debate continúa entre el Gobierno y los gremios sobre el impacto que estos impuestos podrían tener en el desarrollo económico y en el clima de negocios del país.