Defensoría alerta por nuevo desplazamiento de 784 personas en El Tarra, Catatumbo

La crisis humanitaria en la región del Catatumbo continúa agravándose, por eso la Defensoría del Pueblo alertó sobre un nuevo desplazamiento registrado este martes en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, donde cientos de familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a los hechos de violencia que hay en la zona.

Según informó la entidad, 293 núcleos familiares, equivalentes a 784 personas, salieron de varias veredas rurales del municipio como medida de protección ante el riesgo de nuevos enfrentamientos armados y ataques contra la población civil. Las familias afectadas son residentes de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo.

“El día de hoy también se reportó un nuevo ataque con artefactos explosivos presuntamente lanzados mediante drones en zona rural del municipio de El Tarra, hecho que habría dejado una persona fallecida y otras más heridas. Las dificultades de acceso y comunicación en el territorio aún limitan la verificación completa de la situación humanitaria”, detalló la Defensoría.

Violencia y desplazamientos persisten en la región

La entidad recordó que estos hechos se suman a otros ataques similares ocurridos durante la última semana en sectores como Filogringo y La Isla del Cerro, también ubicados en el municipio de El Tarra. En ese contexto, advirtió que la población enfrenta un escenario de alto riesgo debido a los enfrentamientos armados y las amenazas contra los habitantes de la región.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, durante lo corrido de 2026 se han registrado 13 desplazamientos masivos en el Catatumbo, dejando un total de 2.447 personas desplazadas, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra.

Ante esta situación, la entidad hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria inmediata a las familias afectadas y reforzar las medidas de prevención y protección en el territorio.

“Así mismo, instamos a que se activen los espacios de articulación y coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de garantizar de manera sostenida e ininterrumpida la atención a las familias desplazadas”, indicó la Defensoría.

Asimismo, reiteró a los actores armados la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y proteger a la población civil, que continúa siendo la principal afectada por la escalada de violencia en esta región del país.