Respaldo de Ivan Cepeda a Gustavo Petro por liquidación de EPS sacude el país

El debate por el rumbo del sistema de salud en Colombia suma un nuevo capítulo tras el respaldo público de Iván Cepeda a la decisión del Gobierno de avanzar en la liquidación de varias EPS que presentan graves problemas financieros. La postura de Cepeda se conoció poco después de que el presidente Gustavo Petro anunciara la medida en medio de un complejo panorama institucional.

La determinación del Ejecutivo surge luego de que la reforma a la salud no lograra consolidarse, lo que dejó al Gobierno sin su principal apuesta de transformación estructural. Frente a ese escenario, la administración optó por implementar acciones directas sobre aquellas entidades que, según sus diagnósticos, no cuentan con la capacidad para seguir operando.

Cepeda no solo apoyó la medida, sino que la defendió como una respuesta necesaria frente a lo que considera un deterioro progresivo del sistema. Desde su perspectiva, durante años se han acumulado problemas relacionados con la administración de los recursos, lo que ha impactado de manera directa en la calidad del servicio que reciben los usuarios.

El senador insistió en que mantener el esquema actual sin modificaciones profundas podría agravar la crisis, especialmente si continúan operando entidades con dificultades financieras. En ese sentido, planteó que la discusión debe ir más allá de decisiones puntuales y centrarse en un análisis de fondo sobre el modelo de aseguramiento en salud.

Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. Diferentes sectores han expresado preocupación por las consecuencias que podría traer la liquidación de EPS, especialmente en términos de continuidad en la atención médica. Para muchos, el principal riesgo radica en la capacidad del sistema para reorganizar a millones de afiliados sin generar traumatismos.

Algunos expertos han advertido que una transición mal planificada podría afectar la prestación de servicios, generar demoras en citas y tratamientos, e incluso impactar a clínicas y hospitales que dependen del flujo de recursos de estas entidades. Por eso, han insistido en la necesidad de contar con un plan claro que garantice estabilidad durante el proceso.

Desde la oposición también han surgido cuestionamientos. Voces críticas han señalado que este tipo de decisiones deben tomarse con mayor claridad jurídica y técnica, evitando generar incertidumbre tanto en los usuarios como en los actores del sistema. Además, han pedido explicaciones sobre cómo se manejará la redistribución de los pacientes.

En medio de este panorama, la salud se consolida como uno de los temas más sensibles del debate nacional. Las posiciones frente a las EPS y el papel del Estado en el sistema seguirán marcando la agenda política, especialmente en un contexto electoral donde cada decisión tiene un impacto directo en la opinión pública.