Tribunal de Antioquia suspende decreto del Gobierno Petro que ordenaba traslado masivo de EPS

Este miércoles, 11 de marzo, se dio a conocer que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender de manera provisional el Decreto 0182 de 2026 del Gobierno Petro, mediante la cual se planteaba el traslado masivo de millones de usuarios entre diferentes EPS del país. 

El alto tribunal informa que la medida cautelar fue tomada mientras la justicia analiza una acción popular presentada por un ciudadano que alertó sobre posibles afectaciones a los derechos colectivos de los afiliados al sistema de salud. 

Según la demanda ciudadana, el decreto del Ministerio de Salud podría poner en riesgo el acceso oportuno a servicios médicos y la libre elección de aseguradora.

“De llegarse a materializar el traslado de un elevado número de usuarios a una única EPS sin verificar su capacidad de atención, podría dar lugar al colapso de la entidad y resultados catastróficos que podrían significar, incluso, afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables en la continuidad y oportunidad del servicio”, señala el documento emitido por el juzgado. 

Por su parte, el demandante, en su solicitud, pidió que no se realicen traslados especialmente a la Nueva EPS hasta que esta entidad no esté intervenida por el Estado.

Decreto 0182 de 2026 

El decreto del Gobierno Petro busca reorganizar el aseguramiento en salud con un enfoque territorial, estableciendo nuevas reglas sobre qué EPS pueden operar en determinadas regiones del país. 

En la práctica, la norma implicaría el traslado de cerca de 6,5 millones de afiliados entre entidades promotoras de salud, muchos de ellos hacia la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país y que actualmente enfrenta muchas demandas por la falta de entrega de medicamentos.

De acuerdo con documentos oficiales, alrededor de 2,6 millones de usuarios podrían ser asignados directamente a Nueva EPS, lo que generó preocupación por la capacidad de esta entidad para asumir un aumento tan grande de afiliados. 

Como era de esperarse, el decreto generó críticas porque en varios municipios del país reduciría el número de EPS disponibles, lo que limitaría la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente su aseguradora.

Diversas organizaciones de pacientes también se han pronunciado, advirtiendo que la medida podría afectar tratamientos de personas con enfermedades graves como cáncer, VIH o patologías raras, quienes dependen de atención continua y especializada.