La bananera Chiquita Brands es condenada a pagar millonaria indemnización a víctimas de paramilitares

Marcando un hecho histórico para las víctimas del conflicto armado en Colombia, este lunes 10 de junio, se dio a conocer que, un jurado federal del estado de la Florida (EE. UU.) halló culpable a la multinacional del banano Chiquita Brands International de financiar a grupos paramilitares en Colombia que dejaron miles de muertos en ese país.

Tras aproximadamente una década de litigios, el dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, determinó que esta empresa tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas de la violencia paramilitar en la década en la región bananera de Urabá.

Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa "bajo presión". Los abogados de Chiquita habían señalado que la multinacional no tuvo más opción que pagarle cerca de dos millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia.

Los acusados son los estadounidenses Dorn Robert Wenninger, John Paul Olivo y Charles Dennis Keiser, así como al costarricense José Luis Valverde Ramírez y al hondureño Fuad Alberto Giacoman Hasbún. Según se detalla, las pruebas recogidas demuestran que la empresa financió al frente Arlex Hurtado de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a través de su filial Banadex y Banacol.

A cambio de esos pagos realizados a ese frente, liderado por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias "Pedro Bonito", el grupo daba seguridad y protección a ejecutivos y trabajadores en zonas como el Urabá y la ciudad de Santa Marta.

Por el contrario, los familiares de las víctimas sostenían que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores.

"Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial", dijo en un comunicado Marco Simons, asesor general de la organización EarthRights International.