Condenan al Estado colombiano por expulsar al opositor venezolano Lorent Gómez Saleh

Casi una década después de que Colombia expulsara al joven activista venezolano Lorent Enrique Gómez Saleh, quien pedía asilo político porque su vida estaba en peligro, el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá condenó al Estado colombiano por dicha decisión que ocurrió durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

La decisión del Juzgado de Bogotá obliga al Estado, en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, al pago de más de 195 millones de pesos por los perjuicios morales y materiales causados a Lorent Saleh y su madre, Yamile Inmaculada Saleh Rojas, informó este lunes la defensa del venezolano en un comunicado.

"La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia resultó condenada administrativamente, por la detención del señor Gómez Saleh el 4 de septiembre de 2014, y posteriormente entregar a los brazos de su torturador, régimen de Nicolás Maduro, quien lo tuvo privado arbitrariamente de su libertad y torturado por más de 3 años", detalló el documento del bufete de abogados Víctor Mosquera Marín.

En un documento de 32 páginas, el juzgado determinó que el Estado colombiano le impidió a Saleh ejercer su derecho a la defensa. Omitiendo además su compleja situación de vulnerabilidad si regresaba a Venezuela.

En la demanda de reparación contra la nación, presentada por el abogado Víctor Mosquera Marín, se advirtió que Saleh, siendo director de la Organización Operación Libertad fue víctima de amenazas, instigaciones y persecuciones del Estado venezolano.

Cabe mencionar que, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) fue el que expulsó del país a Gómez Saleh en septiembre de 2014. En su momento Migración Colombia justificó la medida basándose en que tenía facultades para "expulsar a los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública".

Tras ser expulsado de Colombia, en la noche del 4 de septiembre, el activista fue entregado al servicio bolivariano de inteligencia nacional (Sebin) de Venezuela para ser trasladado a la Tumba, donde permaneció dos años y dos meses encarcelado. Para posteriormente ser enviado al Helicoide, donde estuvo otros dos años.