Contraloría denuncia entrega de alimentos del ICBF a más de 15.000 fallecidos

Un reciente informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República informó sobre 69 alertas en las entregas de alimentos del Programa de Canastas Nutricionales realizadas por contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), durante la pandemia del COVID-19.

Dicha polémica surge luego de que al declararse la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Programa Canastas Nutricionales acogiera una nueva modalidad en la que varios operadores realizaran el suministro de las raciones alimentarias en los hogares que contienen niños entre 0 y 5 años, y madres gestantes, frente a lo cual DIARI implementó un Modelo de Analítica Descriptiva para hacer el respectivo seguimiento.

Al parecer, los contratistas habrían hecho la entrega de 28.018 raciones a más de 15.000 beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, a menores de edad que aparecen como fallecidos también en la misma base de datos y que su documento está siendo suplantado por beneficiarios, y familias con más de 100 hijos, como el caso de una mujer que recibía raciones por 172 hijos en un solo municipio.

La alerta de la DIARI es de 2.241 millones de pesos aproximadamente, teniendo en cuenta el valor más bajo que podría tener cada una de estas raciones, que es de 80 mil pesos; no obstante, dicho valor aumenta según el tipo de Centro Zonal o si hay mujeres gestantes o en periodo de lactancia. De hecho, de las 28.000 raciones informadas en las alertas, 4.548 corresponderían al departamento de La Guajira en mayo, junio y julio.

En total, la DIARI detectó 48 entregas a 21 menores de edad que aparecen como fallecidos, 24 a menores que fueron suplantados en las planillas de control por parte de los contratistas; además, algunos casos sorprendentes alrededor del país, como el de un adulto que reclamó 195 beneficios al mismo tiempo asegurando ser el acudiente de ese mismo número de niños, una mujer que dijo ser madre de 172 niños y niñas en Chimichagua, Cesar, o un adulto que aseguró ser el tío político de 134 menores en Buenaventura.

Por su parte, el ICBF emitió un comunicado oficial a la opinión pública dando respuesta a la información divulgada por la Contraloría General, afirmando que desde un principio fueron ellos mismos quienes solicitaron el acompañamiento del organismo de control, y que tomarán las medidas necesarias con los contratistas implicados para que casos como estos no se repitan.

“Desde el primer día el ICBF puso a disposición de la Contraloría todas las bases de datos de los usuarios y la información pertinente para que nos acompañaran en este proceso y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios”, explica Lina Arbeláez, directora del ICBF.

Además, en entrevista con La FM, afirmó que “cualquiera que se atreva a poner un solo dedo sobre los recursos sagrados para la niñez tiene que caerle todo el peso de la ley… Empezaremos a proceder con la Fiscalía para buscar las sanciones a los inescrupulosos que están abusando de los derechos de la niñez”.