Por petición de la Corte Constitucional, Fiscalía abrirá investigación por presuntas chuzadas a magistrados

Esta semana, algunos magistrados de la Corte Constitucional emitieron una fuerte denuncia que ha causado revuelo en el poder, pues, al parecer, estarían siendo interceptados de forma ilegal. 

Tras estas acusaciones, la fiscal Luz Adriana Camargo tuvo dos reuniones el lunes y el miércoles con los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional, con el objetivo de recibirles la denuncia. Según los legisladores, están siendo víctimas de perfilamientos, espionaje e interceptaciones ilegales. 

Ante este panorama, la fiscal ordenó a la Fiscalía abrir una investigación para esclarecer los hechos. "La Fiscal General dispuso todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles", señaló la entidad en un comunicado. 

Las presuntas interceptaciones se dieron a conocer públicamente por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien advirtió a sus contactos de WhatsApp que su teléfono estaba siendo intervenido por los órganos de inteligencia del Estado. 

“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, escribió el magistrado a sus allegados, según lo dio a conocer Caracol Radio.

Según información revelada por Semana, el magistrado habría denunciado la situación el pasado 14 de junio a través de una misiva en la que señaló que el hostigamiento vendría ocurriendo desde hace varios meses. 

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, denunció. 

El funcionario aseguró que no es el único que está bajo estas chuzadas. “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...). Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas”.