Decreto 0287 de 2026: Nuevas reglas de inclusión laboral en la contratación con el Estado
El Decreto 0287 de 2026 obliga a proveedores y entidades estatales a incluir personas con discapacidad en licitaciones y contratos públicos.
El Decreto 0287 de 2026 obliga a proveedores y entidades estatales a incluir personas con discapacidad en licitaciones y contratos públicos.
El Gobierno nacional anunció nuevas medidas para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en la contratación estatal. A través del Decreto 0287 de 2026, el Gobierno del presidente Gustavo Petro estableció reglas que buscan garantizar su participación en las compras públicas.
La expedición del decreto fue liderada por Cristóbal Padilla, director de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: “las medidas contenidas en la norma apuntan a cumplir con el mandato de ley que le impone al Estado el deber de fomentar las fuentes de trabajo para las personas en situación de discapacidad”, afirmó Padilla.
Medidas de inclusión en la contratación pública
Este nuevo decreto obliga a que los proveedores del Estado que participen en licitaciones o concursos de méritos incluyan en sus equipos de trabajo a personas con discapacidad, de acuerdo con sus capacidades. Además, promueve que emprendimientos y empresas lideradas por esta población puedan contratar directamente con el Estado.
“De esta forma transformamos vidas y materializamos los proyectos de millones de personas con las que teníamos una deuda social”, explicó el director de la entidad.
El decreto también establece que todas las entidades estatales, así como los particulares que administren recursos públicos, deberán incorporar criterios de accesibilidad en los bienes, obras y servicios que contraten. Esto implica que, desde la planeación de los procesos, se tengan en cuenta condiciones que permitan el acceso de personas con diferentes tipos de discapacidad.
En los casos en que no existan normas técnicas específicas, las entidades deberán definir criterios propios de accesibilidad mediante fichas técnicas, con base en estudios previos.
De acuerdo con cifras del DANE, en el país hay más de 3.100.000 personas con discapacidad. Cerca de la mitad se encuentra entre los 15 y 59 años, es decir, en edad productiva, lo que convierte esta medida en una apuesta por ampliar su acceso al empleo formal.
El seguimiento a la implementación estará a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, que analizará la información reportada en el sistema SECOP y elaborará informes anuales para evaluar el impacto de la medida.
“Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente consolidará y analizará la información registrada por las Entidades Estatales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, cuando estas informen que un contrato de prestación de servicios corresponde a la aplicación voluntaria de la medida afirmativa”, detalló la Agencia de Contratación Pública.