¿Se detiene el proceso de paz en Putumayo? Esto dice el Gobierno tras reciente fallo

La Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz aclaró este jueves que el proceso de paz que mantiene con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) sigue su curso normal, sin importar el reciente fallo del Consejo de Estado.

¿Qué pasó con el fallo?

El Consejo de Estado suspendió un permiso de 2024 que permitía diálogos con el grupo "Segunda Marquetalia". Sin embargo, la Delegación del Gobierno explicó que esa decisión no tiene nada que ver con el proceso que adelantan actualmente con la CNEB.

De hecho, a través de un comunicado, la delegación explicó que ambos procesos son independientes y recordó que desde noviembre de 2024 no mantiene ningún tipo de contacto, comunicación o negociación con la Segunda Marquetalia, por lo que esa decisión judicial no los afecta.

“Como lo ha informado oportunamente nuestra delegación de paz a la opinión pública, desde el mes de noviembre de 2024, con la agrupación ilegal "Segunda Marquetalia" no existe ninguna contacto o comunicación y menos aún, negociación con ese grupo cuya vocería se encontraba en el señor Iván Márquez”, detalla el documento.

¿Qué sucederá con la zona de paz en Putumayo?

La zona de ubicación en el municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo, sigue funcionando sin cambios. De acuerdo con el comunicado, ese espacio fue creado mediante una resolución distinta, expedida el 25 de febrero de 2026, la cual permanece vigente.

“Han ingresado 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB en tránsito a la ciudadanía plena. Previamente hicieron dejación de armas que se encuentran bajo la custodia de las autoridades competentes. Esta ZUT fue autorizada mediante la Resolución 053 de 2026 expedida por el primer mandatario el pasado 25 de febrero”, se lee en el comunicado.

El objetivo de este espacio es que estas personas puedan volver a la vida civil de manera tranquila.

El Gobierno anunció que defenderá legalmente este espacio ante el fallo judicial, pues lo considera un lugar humanitario que debe ser protegido.

El equipo negociador, liderado por Armando Novoa García, destacó que gracias a este proceso se ha logrado reducir la violencia en la región y que los excombatientes están comprometidos con dejar atrás la guerra. Los delegados del Gobierno invitaron a la sociedad colombiana a apoyar a estas 99 personas que decidieron confiar en las instituciones y dejar las armas.

El pronunciamiento concluye recordando que la paz constituye un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, así como una política de Estado que debe orientar la actuación de todas las autoridades públicas.