Tribunal de Bogotá ordena posesión de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

En una decisión conocida este 17 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de José Ismael Peña Reyes y le ordenó al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia posesionarlo como rector. Para cumplir la orden, la institución tiene un plazo de 48 horas para adoptar las medidas necesarias y garantizar el ejercicio efectivo del cargo.

El Tribunal revocó el fallo emitido el 21 de diciembre de 2025 por el Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito, al concluir que sí se vulneraron los derechos fundamentales de Peña al debido proceso y al acceso a cargos públicos.

“Esta orden se adopta en protección directa del derecho fundamental vulnerado, sin que implique pronunciamiento sobre eventuales controversias administrativas adicionales, que pueden ser objeto de control por la jurisdicción competente”, explicó el Tribunal de Bogotá.

¿Qué ordenó el Tribunal?

La decisión establece que el Acta 05 del 21 de marzo de 2024 —documento mediante el cual fue elegido rector— sigue vigente y tiene plenos efectos jurídicos. Es decir, su elección nunca perdió validez y continúa amparada por la legalidad vigente.

Además, se concedió la protección definitiva de sus derechos ante el desconocimiento de su designación por parte del Consejo Superior Universitario (CSU). La orden exige que el ejercicio del cargo se realice conforme a lo estipulado en el acta de elección original y respetando el marco normativo aplicable.

“En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia y se concede el amparo solicitado, ordenando al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo por parte del accionante, conforme al acto de elección contenido en el Acta 05 del 21 de marzo de 2024”, señaló el Tribunal.

En pocas palabras, el Tribunal determinó que fue un error desconocer la elección de Peña y que se deben garantizar plenamente sus derechos.

Contexto de la decisión

La magistrada ponente, Luz Marina Ibáñez Hernández, indicó que la primera instancia judicial se equivocó al no reconocer la validez del acto de elección inicial. Con esta resolución, se busca poner fin a la incertidumbre administrativa en la principal universidad pública del país y restablecer la estabilidad institucional.

Sin embargo, el fallo aclara que esta decisión no impide que otras controversias administrativas puedan tramitarse en el futuro ante las autoridades competentes.