EPS vs. reforma a la salud: Las EPS que sobrevivirían

La Cámara de Representantes aprobó el 6 de marzo de 2025 el proyecto de ley 312 de 2024, conocido como la reforma a la salud, y ahora el debate se traslada al Senado, donde la Comisión Séptima lo analizará antes de que se discuta en la plenaria. Esta iniciativa legislativa implica cambios profundos para el sistema de salud, siendo el destino de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) uno de sus aspectos más sensibles.

Según lo establecido en el artículo 24 del proyecto, las EPS actuales deberán transformarse en “Gestoras de Salud y Vida” para poder continuar operando. Estas nuevas entidades, que podrán ser de carácter público, privado o mixto, asumirán funciones esenciales en la coordinación de servicios médicos, tales como la organización de redes de atención, la coordinación de referencias y contrarreferencias, y la articulación de planes de intervención en salud.

Además, trabajarán de manera estrecha con los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) para identificar y segmentar riesgos, gestionar dichos riesgos y asegurar la calidad de la atención prestada, así como para administrar de forma eficiente los recursos financieros asignados.

Para poder hacer esta transformación, las EPS deberán presentar un plan de saneamiento financiero que garantice el pago de sus pasivos en un plazo máximo de 48 meses contados a partir de su habilitación por la Superintendencia de Salud.

El incumplimiento de este requisito desencadenará un proceso de liquidación, lo que asegura que solo las entidades con solidez financiera y capacidad de gestión puedan permanecer en el sistema sin generar un gasto adicional de recursos públicos.

Según explicó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, los usuarios continuarán perteneciendo a las EPS actuales, las cuales seguirán autorizando medicamentos, procedimientos y tratamientos, siempre que se adapten a las nuevas normativas.

Hasta el momento, seis EPS han manifestado su intención de adaptarse al nuevo modelo, entre ellas Mutualser, Coosalud, Salud Total, Capital Salud, EPS Familiar de Colombia y Cajacopi. Estas entidades buscan transformarse en Gestoras de Salud y Vida para coordinar la atención médica de manera centralizada, trabajando en conjunto con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que se encargará de gestionar los recursos financieros del sistema.

Por otra parte, las EPS que no deseen asumir el rol de gestoras deberán presentar un plan de retiro voluntario en el que se comprometan a pagar la totalidad de sus pasivos en un plazo de 48 meses. Si no lo hacen, el Gobierno iniciará los trámites para su retiro obligatorio del sistema.

La reforma también introduce incentivos y sanciones: se les asignará hasta un 5% del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para financiar la atención sanitaria, pero el incumplimiento de los estándares de gestión podría reducir su remuneración hasta en un 30% y, en caso de reincidencia, se aplicará una supervisión especial.

Este cambio legislativo, que en la legislatura anterior fue archivado en la Comisión Séptima del Senado, es fundamental para definir el futuro de la atención médica en Colombia, afectando directamente a millones de ciudadanos.

Las EPS continúan evaluando las implicaciones de la reforma y buscan acuerdos con el Gobierno para definir su rol en este nuevo escenario, en un debate que promete marcar un antes y un después en el sistema de salud colombiano.