Fiscal Luz Adriana Camargo deja claro: las investigaciones penales son exclusivas de la Fiscalía

En medio de un debate que ha sacudido las redes sociales y la opinión pública, la fiscal general Luz Adriana Camargo respondió con firmeza a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien planteó la posibilidad de ordenar allanamientos a dispensarios médicos debido a la escasez de medicamentos en el país. Según la Fiscal, el mandatario no tiene las facultades constitucionales para emitir ese tipo de órdenes.

Con un rotundo “no”, Camargo dejó claro que la Constitución Política establece una estricta separación de poderes, otorgando exclusivamente a la Fiscalía la competencia para dirigir investigaciones penales y autorizar actividades como allanamientos, siempre bajo el aval de un juez. Durante la rendición de cuentas de la Fiscalía el pasado 21 de marzo, enfatizó: “Es esencial tener claro cuáles son las competencias de cada uno de nosotros y actuar en consecuencia”.

La fiscal también subrayó que el Ejército, aunque presta apoyo operativo, no tiene funciones de policía judicial, reafirmando que cada entidad tiene un rol específico dentro del marco legal. Además, destacó la sólida coordinación que mantiene la Fiscalía con la Policía Nacional, con quienes trabajan de manera conjunta para fortalecer las labores de investigación en todo el país.

Por otro lado, Camargo reveló que actualmente la Fiscalía adelanta investigaciones sobre presuntas irregularidades en el sector salud. Según un informe de la Contraloría General, se están evaluando casos de posible pérdida de recursos públicos y fallos en la gestión de las EPS en la salud, lo que forma parte de una estrategia más amplia contra la corrupción en el sistema de salud colombiano.

Este caso pone en evidencia la importancia de respetar la separación de poderes y las competencias establecidas en la ley, un principio clave para garantizar el equilibrio democrático en el país.

Luz Adriana Camargo asumió como Fiscal General en marzo de 2024. Antes de este cargo, tuvo una destacada carrera como abogada penalista y criminóloga, desempeñándose en roles clave como magistrada auxiliar de la Corte Suprema y jefa de investigación en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.