Fiscalía acusó a Álvaro Leyva por presunto prevaricato en licitación de pasaportes

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el presunto delito de prevaricato por acción, señalándolo de haber tomado decisiones contrarias a la ley durante la licitación de los pasaportes en Colombia.

El centro del caso es el contrato por 559.000 millones de pesos que buscaba garantizar la expedición de estos documentos hasta el año 2026. Según el ente acusador, Leyva habría maniobrado para frenar un proceso que ya estaba listo para ser adjudicado.

Las tres movidas que "enredaron" al exministro

La Fiscalía sostiene que el excanciller emitió tres actos administrativos con un único fin: obstaculizar la licitación. Así se dieron los hechos según la investigación:

1. Frenazo a la adjudicación: A pesar de que el comité evaluador ya había recomendado entregarle el contrato a una empresa que cumplía con todos los requisitos, Leyva firmó la Resolución 7485 para declarar la licitación desierta, bajo el argumento de que solo había un oferente.
2. Ratificación del error: Cuando la empresa afectada interpuso un recurso para que se revisara la decisión, el entonces ministro se mantuvo en su posición y negó cualquier corrección.
3. Urgencia: El mismo día de la negativa, Leyva declaró una urgencia manifiesta. “Ese mismo día, expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio”, así lo detalló la Fiscalía.

¿Por qué es grave según la Fiscalía?

Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, estas actuaciones no fueron simples errores de trámite. La acusación señala que el excanciller puso en riesgo la continuidad de elaboración de pasaportes, un documento vital que garantiza el derecho constitucional de los colombianos a entrar y salir libremente del país.

Además, el ente investigador subrayó que, aunque Leyva tuvo varias oportunidades para echar atrás sus decisiones y corregir el rumbo del proceso, prefirió ratificarlas, sabiendo presuntamente que estaba actuando por fuera del marco legal.

De hecho, en la acusación se lee: “En el afán de justificar su caprichosa decisión, desatendió que la existencia de un único oferente, habilitado conforme a las exigencias de la Entidad en los pliegos de condiciones, no resultaba una causal de impedimento para la escogencia del contratista, como tampoco presupuesto de motivación jurídica para el acto administrativo que profirió”.