Miguel Uribe y el caso que podría dejar por fuera de la JEP a alias Yako

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió una revisión sobre la situación de Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias Yako, tras ser vinculado por la Fiscalía como una pieza clave en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. El caso ha generado preocupación debido a que el excombatiente gozaba de beneficios dentro del sistema de justicia transicional.

Alias Yako había sido admitido en la JEP luego de su desmovilización como integrante de las antiguas Farc, lo que le permitió acceder a beneficios como la libertad condicionada, la suspensión de sanciones y su participación en procesos de reincorporación. Sin embargo, su permanencia en este sistema ahora está en duda.

La decisión de revisar su situación se da luego de que las autoridades emitieran una orden de captura en su contra por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Según las investigaciones, habría tenido un rol determinante en la planeación, coordinación y financiación del atentado ocurrido en 2025 a Miguel Uribe.

De acuerdo con la línea investigativa, Téllez Álvarez habría servido como enlace entre estructuras armadas ilegales y redes criminales urbanas encargadas de ejecutar el crimen. Testimonios clave lo ubican facilitando contactos, organizando reuniones y articulando la logística del ataque que terminó con la vida del dirigente político Miguel Uribe.

Uno de los elementos que más preocupa a la JEP es el posible incumplimiento de las condiciones que le permitieron acceder a los beneficios. El sistema exige a los comparecientes mantener disponibilidad permanente, no reincidir en delitos y cumplir con el compromiso de aportar verdad. En este caso, existen antecedentes de dificultades para ubicarlo y garantizar su comparecencia.

Incluso, desde años anteriores ya se habían registrado intentos fallidos por contactarlo, y recientemente su propia defensa ha señalado que desconoce su paradero. Esta situación agrava el panorama, pues pone en duda su compromiso con el proceso de reincorporación.

Ante estos hechos, la JEP deberá determinar si alias Yako incumplió el régimen de condicionalidad. De confirmarse, podría ser expulsado del sistema, lo que implicaría la pérdida inmediata de todos los beneficios y el traslado de su caso a la justicia ordinaria.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activa una recompensa para quien entregue información que permita dar con su ubicación. El caso no solo pone en el centro del debate el funcionamiento de la justicia transicional, sino que también reabre cuestionamientos sobre el control y seguimiento a quienes acceden a estos beneficios.