Bienes de Charlie Zaa seguirán una ruta distinta a la SAE tras decisión de la Fiscalía

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de ocupar bienes vinculados al cantante Charlie Zaa, valorados en más de 45.000 millones de pesos, abrió un nuevo capítulo en el proceso judicial que enfrenta el artista. Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención no es únicamente la investigación por presuntos nexos con recursos del paramilitarismo, sino el destino que tendrán las propiedades intervenidas.

Aunque en los procesos de extinción de dominio es habitual que los bienes pasen a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en este caso la ruta será diferente. La Fiscalía confirmó que los inmuebles quedarán bajo el marco de Justicia y Paz, debido al origen de la investigación y a las normas que regulan este tipo de procesos.

¿Por qué los bienes de Charlie Zaa no pasarán a la SAE?

El pasado 17 de julio, la Fiscalía ocupó varios bienes atribuidos al cantante dentro de un proceso de extinción de dominio relacionado con presuntos vínculos con recursos ilícitos del exjefe paramilitar Diego Martínez Goyeneche, alias "Daniel", quien hizo parte del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Entre las propiedades intervenidas figuran:

• El centro comercial El Oasis, en Girardot.
• El hotel boutique Monasterio Resort, también en Girardot.
• Una discoteca en Girardot.
• Otra discoteca ubicada en Ibagué.

La investigación adelantada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá sostiene que estos bienes habrían sido adquiridos mediante terceros para ocultar recursos de origen ilegal y evitar que fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

La investigación nació en Justicia y Paz

La principal diferencia frente a otros procesos radica en que la orden de ocupación no fue emitida por un juez de extinción de dominio ordinario.

Según explicó la Fiscalía, el procedimiento se adelantó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, razón por la cual los bienes seguirán el régimen jurídico previsto para ese sistema de justicia transicional.

El nombre de Charlie Zaa apareció dentro de una investigación de ese tribunal después de que, en 2024, surgieran declaraciones según las cuales el artista habría visitado en prisión a alias "Daniel" para entregarle cuentas relacionadas con algunos negocios.

Con base en esa investigación, la Fiscalía sostiene que los inmuebles realmente pertenecerían al exjefe paramilitar, quien habría utilizado terceros para mover recursos e invertir en bienes con el propósito de ocultar su origen ilícito.

Por esa razón, la entidad precisó que, una vez culminada la ocupación realizada por el CTI, los bienes "serán dispuestos al Fondo para la Reparación de las Víctimas", y no a la SAE.

La ley da prioridad a la reparación de las víctimas

En declaraciones entregadas a Infobae Colombia, el docente jurídico Nicolás Mayorga explicó que este procedimiento responde a lo establecido en la legislación que regula los procesos de Justicia y Paz.

Según el experto, cuando un bien es identificado dentro de una investigación relacionada con un postulado de ese sistema o proviene de confesiones realizadas en ese marco jurídico, la ley establece que esos activos deben destinarse al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Esta disposición está contemplada en la Ley 975 de 2005 y fue fortalecida posteriormente mediante la Ley 1592 de 2012 y la Ley 1849 de 2017, normas que priorizan la reparación de las víctimas sobre el trámite ordinario de administración de bienes a cargo de la SAE.

¿Qué es Justicia y Paz y cómo funciona?

Justicia y Paz es un mecanismo de justicia transicional creado para juzgar a integrantes de grupos armados ilegales desmovilizados, principalmente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Quienes se acogen a este sistema, conocidos como postulados, deben cumplir varias obligaciones para acceder a beneficios judiciales:

• Confesar los delitos cometidos.
• Aportar verdad sobre los hechos investigados.
• Entregar bienes para reparar a las víctimas.
• Contribuir de manera permanente a la reparación económica.

A cambio, pueden acceder a penas alternativas inferiores a las previstas en el proceso penal ordinario, siempre que cumplan con los compromisos establecidos por la ley.

Entre 2004 y 2006, las AUC adelantaron un proceso de desmovilización colectiva que incluyó la entrega de armas de 36 estructuras armadas y la desmovilización de 30.944 integrantes. Ante la magnitud de los delitos investigados, el Estado creó una estructura especializada conformada por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y salas judiciales de los tribunales superiores, encargadas de investigar estos casos y garantizar que los bienes identificados sean destinados a la reparación de las víctimas.