Fiscalía le da giro a casos de acoso y reconoce denuncias públicas como punto de partida

En medio de la creciente ola de denuncias por acoso en el periodismo colombiano, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, fijó una postura clara frente al tratamiento de estos casos. A través de una nueva directriz, ordenó a los fiscales del país proteger las denuncias públicas por violencia de género y reconocer el escrache como una forma legítima de ejercer la libertad de expresión.

La decisión se conoce en un contexto de fuerte debate nacional, impulsado por múltiples testimonios de mujeres que han denunciado presuntos casos de acoso sexual y laboral en medios de comunicación. Frente a este escenario, la jefe del ente acusador enfatizó que las denuncias realizadas en redes sociales o medios no pueden convertirse en un riesgo judicial para quienes deciden hablar.

En el documento, la Fiscalía establece lineamientos específicos para que los funcionarios adopten un enfoque de género en este tipo de investigaciones. Entre las principales orientaciones, se destaca que las denuncias públicas pueden ser tomadas como punto de partida para iniciar acciones judiciales, incluso sin una denuncia formal previa por parte de la víctima.

Además, la directriz advierte sobre un fenómeno que ha sido recurrente en estos casos: las acciones legales por injuria y calumnia contra las denunciantes. En ese sentido, Camargo fue enfática en que los fiscales deberán analizar si este tipo de procesos buscan silenciar a las mujeres, lo que podría constituir una forma de revictimización.

La medida también surge luego de cuestionamientos a la Fiscalía por su manejo en casos recientes. Uno de los más visibles es el de Lina Castillo, quien denunció públicamente presunto acoso y posteriormente fue demandada. Tras las críticas, la fiscal general ordenó que el proceso sea revisado por un despacho de mayor jerarquía y bajo criterios de enfoque de género.

De manera paralela, la entidad habilitó un canal oficial para recibir denuncias relacionadas con acoso, con el fin de facilitar el acceso a la justicia y mejorar la atención a las víctimas. Esta herramienta busca centralizar la información y fortalecer las investigaciones en curso.

Con estas decisiones, la Fiscalía intenta enviar un mensaje institucional en medio de la coyuntura: las denuncias de violencia de género deben ser atendidas con rigor, pero también con garantías para quienes las hacen. El reto ahora será que estas directrices se traduzcan en resultados concretos y en mayor confianza por parte de las víctimas en el sistema judicial.