Fiscalía imputó a cabecillas de disidencias Farc por confrontación armada en el Catatumbo

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres presuntos cabecillas de las disidencias de las Farc señalados de ordenar acciones armadas en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, que dejaron homicidios, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados.

Según el ente investigador, los hechos están relacionados con la ola de violencia registrada entre enero y abril de 2025, cuando estructuras de ese grupo armado habrían recibido la orden de confrontar al ELN para tomar control territorial en varios municipios de la zona.

Los citados a audiencia fueron Javier Alonso Velosa García, conocido como alias ‘Jhon Mechas’, señalado cabecilla del Bloque Magdalena Medio; así como Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey Avendaño’, y Farby Edison Parra Parra, alias ‘Richard’, quienes serían jefes político y financiero del autodenominado frente 33.

De acuerdo con la investigación, los tres habrían dado la orden a sus estructuras armadas de tomar el control territorial mediante el uso de armas y rentas ilegales en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en Norte de Santander.

Violencia, reclutamiento y desplazamientos

La Fiscalía indicó que, tras esa directriz, integrantes del grupo armado habrían ejecutado diferentes acciones violentas que generaron temor y zozobra entre la población y graves violaciones a los derechos humanos.

Las denuncias recopiladas por las autoridades y las labores investigativas permitieron identificar 37 víctimas de homicidio, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y 87 personas desplazadas forzosamente.

Los tres señalados se presentaron de manera virtual ante un juez de control de garantías de Cúcuta, donde un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

La Fiscalía explicó que avanza en el ejercicio de la acción penal como lo contempla la Directiva N°003 de 2025: “Los fiscales continuarán con la investigación y la gestión y atención de las audiencias, con indiferencia de que el o los investigados o acusados tengan suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra. Para tal efecto, los beneficiarios de la suspensión serán citados a la correspondiente audiencia o trámite judicial a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) sin afectarse su libertad personal”.

En ese sentido, los fiscales seguirán con la investigación y las diligencias judiciales mientras avanza el proceso penal contra los presuntos cabecillas.