Fiscalía imputa a exdirector de La Picota por presuntamente beneficiar a narcotraficante

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exdirector de la cárcel La Picota de Bogotá, César Augusto Ceballos Giraldo, como presunto responsable de realizar distintas maniobras para beneficiar a una persona procesada por tráfico de estupefacientes.

De igual manera, al abogado Germán Eduardo Cifuentes Rodríguez; y el investigador privado, Jorge Efredy Monroy Ávila, fueron presentados ante el funcionario judicial por el mismo delito. De acuerdo con el ente acusador, el caso se remota al 2015.

En marzo de ese año, la Corte Suprema de Justicia condenó a 16 años de prisión a un hombre capturado en situación de flagrancia con 300 kilogramos de cocaína y dispuso que debía permanecer en el establecimiento carcelario de Villavicencio, Meta.

Desde entonces, el abogado Cifuentes Rodríguez habría ofrecido sus servicios para contactar a funcionarios que, a cambio de dádivas, facilitaran el reconocimiento de la detención domiciliaria, rebajas en la pena y permisos de trabajo, entre otros conceptos que favorecieran a su cliente.

En un principio, en julio de 2015, el entonces director de la cárcel La Picota habría permitido que el sentenciado ingresara irregularmente a ese centro penitenciario con apenas presentarse voluntariamente, sin que mediara un traslado oficial del INPEC, con una boleta de detención falsa y en claro desconocimiento de lo establecido en el fallo.

El investigador Monroy Ávila se habría encargado de recolectar entrevistas, material fotográfico y documentos para acreditar que el condenado estaba al cuidado de los hijos menores de edad por desaparición de su esposa, algo que no correspondía a la verdad.

De esta manera, logró obtener el reconocimiento de la condición de padre cabeza de hogar por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Por todos los privilegios obtenidos, la persona sentenciada pagó 250 millones de pesos al abogado Cifuentes Rodríguez.

Según informó la Fiscalía, el jurista habría ofrecido una parte de esa millonaria suma a varios funcionarios y particulares que intervinieron en múltiples falsedades y la manipulación a los sistemas de reparto judicial, entre otras anomalías detectadas.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al exdirector de la cárcel La Picota los delitos de uso de documento público falso, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Al abogado Cifuentes Rodríguez le imputó los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso.

Entre tanto, el ente acusador le imputó al investigador privado los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Por estos mismos hechos, fueron condenados un juez de ejecución de penas, una defensora de familia del ICBF de Villavicencio y un ingeniero del Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao.