Fiscalía reasigna caso de Lina Castillo y Hollman Morris para aplicar enfoque de género

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, tomó una decisión que marca un punto clave en el caso de Lina Castillo Nisperuza, una joven que en 2019 denunció al entonces concejal de Bogotá Hollman Morris por presuntos tocamientos indebidos y conversaciones con contenido sexual. Tras su denuncia, Castillo enfrentó un proceso judicial por presunta injuria y calumnia contra Morris.

Luego del reciente llamado de varias periodistas, escritoras y abogadas, la fiscal general atendió la petición y decidió retirar el caso de una fiscalía local de Bogotá para asignarlo a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es aplicar un enfoque de género que, según el ente acusador, había faltado en el proceso.

A través de la Resolución 0-0061 de 2026, la Fiscalía General de la Nación ordenó la reasignación del expediente, que hasta ahora era llevado por una fiscalía local en Bogotá.

Un proceso sin enfoque de género

La decisión de la fiscal general se fundamenta en que, tras revisar los antecedentes, se detectó que la investigación se había centrado exclusivamente en la denuncia de Morris por afectación a su buen nombre. Sin embargo, el ente acusador advirtió que nunca se abordaron con la misma rigurosidad las denuncias iniciales de Lina Castillo, quien en 2019 señaló haber sido víctima de acoso laboral y sexual por parte de Morris.

“La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en dichos casos, la Fiscalía General de la Nación tiene un especial deber de adelantar la investigación por los hechos denunciados bajo los principios de oficiosidad, enfoque de género, protección reforzada y estándares de debida diligencia”, explicó la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Camargo agregó que: “La jurisprudencia también ha señalado que, en caso de que el agresor denuncie a la víctima por injuria o calumnia, es deber de la Fiscalía evaluar dicha denuncia con enfoque de género, para que esta no tenga un efecto ‘silenciador’ en las víctimas y evitar que se presuma el dolo de dañar el buen nombre o la honra del agresor, cuando en realidad la víctima actuó en ejercicio legítimo de un mecanismo de resistencia y autoprotección”.

El documento oficial destaca que, en casos donde las mujeres utilizan el “escrache” o la denuncia pública para visibilizar violencias de género, la Fiscalía tiene el deber de investigar bajo estándares de protección reforzada, evitando que las denuncias por injuria se conviertan en un “efecto silenciador” contra las víctimas en contextos de asimetría de poder.

Para garantizar una respuesta institucional coherente, el caso de Lina Castillo fue asignado a la Fiscal Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Según la resolución, esta funcionaria cuenta con una amplia trayectoria en temas de género y en entornos de jerarquía laboral, lo que permitirá analizar el contexto de las agresiones denunciadas por Castillo.

Con este cambio, la Fiscalía busca verificar si las agresiones sexuales realmente ocurrieron y evitar la revictimización de la mujer, asegurando que el proceso no sea utilizado simplemente como una herramienta de represión legal.